Transparencia, el espejismo morenovallista

MorenoValle

Este es otro espejismo en tiempos del morenovallismo: transparencia en el discurso, opacidad en los hechos. Usted juzgue.

Por Jorge Machuca Luna / @JorgeMachucaL

Lo que se ve no se juzga. El manido pero no por ello falso dicho popular podría aplicarse fácilmente en la labor del lustro en que el panista Rafael Moreno Valle ha gobernado Puebla.

Hábil estratega político de cuño priísta, con sólida formación financiera y con una apuesta arriesgada por hacerse de la candidatura presidencial en 2018, no ha escatimado recursos de todo tipo para hacer lucir las obras hechas en su administración, que han sido ubicadas, construidas y hasta pintadas con el ánimo de fijarse en la mente del electorado local e incluso nacional.

Precursor y beneficiario de las alianzas políticas pragmáticas en contra del PRI, ha sabido tejer finamente un complejo entramado que lo ha llevado a intentar colarse en la lista de quienes pretenden suceder a Enrique Peña Nieto, a quien con frecuencia rinde pleitesía discursiva en todo acto público en el que haya un funcionario de primer nivel del devaluado gobierno del mexiquense.

El pasado 15 de enero, Moreno Valle rindió su penúltimo informe de labores donde afirmó que en su actuar ha sido siempre congruente con sus convicciones, “ofrecimos un gobierno eficiente, transparente y cercano a la gente”. Empero, en los hechos la transparencia está muy lejos de sus convicciones.

En este informe, al ámbito de la transparencia el gobernador poblano sólo dedicó dos frases:

Durante 2015, Puebla obtuvo por segundo año consecutivo, el primer lugar nacional en el Índice de Información Presupuestal Estatal del IMCO.

“Adicionalmente, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), publicado por Fundar, ubicó nuestra Ley de Transparencia entre las cinco mejores a nivel nacional, escalando 23 posiciones respecto al 2010”.

Aunque esto último es verdad, también es cierto que el mérito no es del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo. En el caso anterior citado por Moreno Valle, el del reconocimiento del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), éste es producto de la medición del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no de la Ley de Transparencia.

Respecto a esto, en el portal “Con los ojos abiertos” se ha dado a conocer un informe ciudadano sobre transparencia, profusamente documentado, en el cual se constata que el saldo de los 60 meses de la administración de Rafael Moreno Valle contraviene el discurso del mandatario.

Pese a que desde su campaña hizo de los temas de transparencia y acceso a la información uno de sus ejes discursivos más fuertes, atacando con vehemencia a su antecesor, el también opaco Mario Marín, en los hechos ha puesto en marcha una estrategia donde se ha articulado una serie de efugios cobijados por la actuación parcial –en pro del gobierno- de una “secuestrada” Comisión para el Acceso a la Información Pública, que solapa una serie de obstáculos como el cambio frecuente de modalidad de entrega de la información pública, que se materializan en la puesta a disposición in situ de algunos documentos oficiales a los que por reglamento no se les puede fotografíar, fotocopiar o escanear, contraviniendo la disposición constitucional de privilegiar la máxima publicidad.

Asimismo, los acuerdos para reservar la información de obras, adquisiciones y los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) han ido incrementándose. De acuerdo a datos del Nodo de Transparencia incluidos en el Informe Ciudadano redactado por la presidenta de Amedi, Lilia Vélez, “en menos de un año, entre el 3 de marzo de 2014 y el 24 de febrero de 2015, el número de acuerdos de reserva del gobierno del estado aumentó de 56 a 98″.

“El gobierno de Moreno Valle ha clasificado como información reservada la relativa a las auditorías  al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial, además de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian, los PPS y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal”.

De esta forma, “es posible concluir que la actual administración ha impedido, al clasificarlo, que se conozcan los detalles de la mayor parte de sus obras y proyectos y, muy en especial, el uso de los recursos públicos destinados a los mismos”. Este es otro espejismo en tiempos del morenovallismo: transparencia en el discurso, opacidad en los hechos. Usted juzgue.

Jorge Machuca es comunicólogo mexicano, docente universitario e integrante de México informáte y Amedi.
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