Que todo cambie ¿para que todo siga igual?

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Por Jorge Machuca Luna / @JorgeMachucaL

En el último día del periodo ordinario de sesiones, en medio de múltiples temas espinosos como la aprobación de manera selecta –y opaca- de muchas cuentas públicas, al Congreso del estado de Puebla llegó la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad propuesta por el diputado local Marco Antonio Rodríguez Acosta , quien preside la comisión dedicada a ese tema y que nunca sesionó al respecto previamente.

Como es sabido, el 4 de mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que entre otras cosas obliga a que todos los estados reformen sus leyes en la materia de manera tal que queden homologadas a la Ley Federal, que es una especie de piso mínimo con el que deben cumplir todos los sujetos obligados.

La discusión previa que sirvió para construir la Ley General de Transparencia fue muy compleja y tensa, hubo intentos de las fuerzas políticas para evitar que se cumpliera a cabalidad el espíritu del artículo sexto constitucional, que tiene como principio básico la máxima publicidad. Organizaciones como Fundar, Artículo 19, Transparencia Mexicana, Imco, México Evalúa, GESOC, Sonora Ciudadana, México Infórmate, Iniciativa Ciudadana y el Colectivo por la Transparencia, entre muchas otras, consiguieron -después de un largo estira y afloja- que se promulgara la norma que tenemos.

Ésta destaca por haber ampliado el catálogo de sujetos obligados, incluyendo a los tres poderes, los órganos autónomos –institutos electorales, comisiones de derechos humanos y órganos garantes de transparencia-, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, e incluso los sindicatos. Otro avance es que se impide clasificar como reservada información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La Ley General dio, en sus artículos transitorios, un año a los congresos estatales para armonizar –homologar en términos simples- las normas estatales con la recién promulgada por Enrique Peña Nieto. La idea era que en esos 12 meses se reprodujeran en las entidades esquemas de discusión similares al caso nacional, pero en Puebla y en muchos estados eso no ocurrió.

En un artículo publicado en Reforma , el comisionado del INAI, Joel Salas, fue muy claro: “los procesos estatales de homologación y designación de comisionados deben ser procesos transparentes y abiertos, de frente a la sociedad”.

Lo más cercano a eso fue la realización, el 5 de febrero, de un encuentro de escasa difusión, organizado conjuntamente por el INAI y el Congreso de Puebla, en el que este tecleador reiteró la petición hecha desde noviembre de 2015 por organismos de la sociedad civil para que los diputados locales hagan pública la discusión de la iniciativa de ley, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Pero lo más preocupante no es eso. Al hacer de manera preliminar una revisión a la iniciativa presentada el 15 de marzo, además de que se constató el copy-paste del artículo 82 -dice Coahuila en lugar de Puebla- y del encabezado del capítulo IV, donde se no se sustituyó la palabra nacional por estatal, el verdadero problema está en el artículo 177, que conserva la condición de que quien presente un recurso de revisión deba ratificarlo en un plazo máximo de cinco días hábiles, herencia de la actual Ley de Puebla, lo que contraviene lo indicado en el artículo 144 párrafo VIII de la Ley General que dice “en ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto”.

La ratificación de los recursos de revisión se ha vuelto un lastre en Puebla, ya que según un análisis de la organización Artículo 19 , cerca de la cuarta parte de éstos se desecha porque la gente no los ratificó.

Esto es muestra de que al parecer “alguien” quiere que todo cambie… para que todo siga igual. ¿O no?

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