Seguridad, ¿para quién?

Por Abayubá Duché / @amzdg

Un helicóptero volando sobre los techos de una colonia de clase media en Tepic, entre cientos de familias y disparando 5 mil balas por minuto, le dio contexto al tema de discusión que hoy por hoy se mantiene en la cámara de diputados. La semana pasada, la cámara baja inició la discusión sobre las distintas iniciativas relacionadas a la seguridad interior, entre las que destacan las iniciativas del diputado priista César Camacho y del senador panista Gil Zuarth, quienes frente a la creciente ola de violencia proponen darles a las fuerzas armadas un marco jurídico para combatir a los grupos criminales. Pero ¿qué significa realmente darles un marco jurídico?

Las iniciativas sugieren que las fuerzas armadas tengan, entre muchas otras capacidades, la de allanar casas de privados, abrir fuego en zonas residenciales, justificar asesinatos de forma discrecional y realizar tareas propias de las fuerzas civiles como: patrullar las colonias, establecer puestos de detención, vigilar la seguridad de la ciudad y, textualmente según la iniciativa del diputado Camacho, todas las que sean necesarias.  Esto es, además de la violación de numerosos derechos fundamentales, la legitimación de una estrategia fallida iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto.

En 2006, en México había 7 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2017 se registran 24 por cada 100 mil habitantes. Más de 3 veces que 10 años atrás. En 2006, Michoacán, el primer estado en ser intervenido por las fuerzas armadas, era el estado más peligroso del país, hoy es el segundo. ¿Esto es un verdadero avance? La pregunta obligada es ¿por qué el Estado no propone estrategias distintas para combatir el crimen organizado?

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Numerosos estudios de gran valor académico, muestran que las balas no son la única salida a la violencia, sino por el contrario, la causante de la exacerbación de muertes justificadas e injustificadas. En realidad, la desarticulación de las redes financieras del crimen es el reto que como ciudadanía y gobierno tenemos en frente. En México, para dar con las redes de corrupción del narco, se persigue el lavado de dinero. Esta figura jurídica es la más ineficiente, porque implica primero demostrar que hubo un delito, después que el excedente económico del mismo se invirtió en un negocio legal (que el dinero se lavó) y, finalmente, que ese negocio legal tiene un titular; mientras que otras figuras como las auditorías directas, facilitan la identificación de criminales, ya que sólo se compara la declaración fiscal que un individuo hace con el tipo de vida que mantiene.  ¿No las aplicarán por la existencia de un pacto de impunidad que protege a altos cargos políticos y empresariales?

Por último, nos preguntamos ¿qué han hecho los gobernadores con las policías locales? Si bien la ”militarizacióndel país, lejos de ser una solución al problema de inseguridad, es una de las causas de esta, también es cierto que los militares no decidieron entrar en combate contra narcos y criminales, sino que fue una decisión de Felipe Calderón como presidente y comandante en jefe, quien argumentó que fueron los propios gobernadores quienes le solicitaron ayuda mientras fortalecían a sus cuerpos civiles. Para este año, la cámara de diputados aprobó un presupuesto de 1 millón de millones de pesos para los estados, mismos que han demostrado ineficiencia administrativa, altísimos estándares de corrupción y una inexistente capacitación de las fuerzas civiles para combatir al crimen organizado. De hecho, la promesa que el gobierno calderonista hizo al hacer uso del ejército y la marina para combatir al crimen organizado, fue que para estas fechas las policías municipales, estatales y federal serían capaces de cumplir con sus tareas.

Al igual que calderón, Gil Zuarth, quien fue subsecretario de gobernación durante el sexenio pasado, alardea de uno de los puntos de coincidencia que su iniciativa tiene con la de Camacho: las fuerzas armadas harán intervenciones con un tiempo límite, tiempo que deberá ser aprovechado por gobernadores y alcaldes para fortalecer las fuerzas armadas locales. Lo que no cuenta, es que una vez cumplido el lapso temporal que la virtual ley otorgaría, el presidente tendría la facultad de prolongar la estancia castrense si lo considera necesario, continuando así con el ciclo vicioso en el que los gobiernos estatales no hacen su trabajo.

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Dejando de lado los abusos de poder que constantemente han manchado a las fuerzas castrenses, entre los que sobresale el caso Tlatlaya, la permanencia de militares en las calles, más allá de brindar un sentimiento de seguridad a los mexicanos, podría opacar el ambiente cotidiano y ahuyentar a turistas nacionales y extranjeros que representan la segunda entrada más importante de capital en el país.

A pesar de las cifras alarmantes, el evidente fracaso de la estrategia contra el crimen organizado y los peligros intrínsecos que, en cualquier país, representa la inclusión del ejército en tareas civiles; priistas y panistas cierran los ojos frente a la realidad que dejó el pasado reciente.

Como dice el proverbio popular: no hay peor error que el que se comenté por terco.

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