Los regalos podridos de Peña Nieto

Por Abayubá Duché / @AbayubaDuche

El pasado 1° de septiembre, como lo marca la constitución, Enrique Peña Nieto rindió su 5to informe de gobierno, en el que destacó la profesionalización de la policía, la creación de la gendarmería y el número de atención 911, la reducción de delitos de incidencia del fuero común, la protección ambiental y la reducción de la pobreza, así como la implementación nacional del Sistema de Justicia Penal y  la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero al parecer omitió reconocer que tener 17 homicidios por cada 100 mil habitantes nos coloca como el país más violento de América Latina y prefirió acusar de la inseguridad a los estados y municipios. También omitió hablar del índice de asesinatos a periodistas, que es un indicador fundamental para medir la libertad de expresión que hay en un país,  y si bien habló del combate a la corrupción a través de la investigación de exgobernadores, se olvidó que los casos más escandalosos de corrupción en su administración, como la casa blanca, Odebrecht, el socavón y el tren ligero siguen en la opacidad, mostrando la clara fragilidad institucional en esta materia.

Pero más allá del balance general que se pueda hacer en el ocaso de su gobierno, el presidente parece haber dejado dos regalos podridos para el final de su sexenio: el nombramiento del fiscal general y la aprobación de la ley de seguridad interior.

Debido a la reforma de 2013, la Procuraduría General de la República que hoy depende directamente del presidente, se convertirá en la Fiscalía General de la República y obtendrá independencia respecto al ejecutivo federal. Si bien este era un cambio que se veía necesario, el PRI logró poner una ley secundaria que establece que el actual procurador, Raúl Cervantes, se convierta automáticamente en el fiscal general de la república por los siguientes 9 años. Es decir que Cervantes, quien fue el abogado de la campaña de Peña, ahora su procurador y quien ha evadido más de 300 mil pesos en impuestos que le correspondería pagar por tener un auto de lujo marca Ferrari, sería el responsable de investigar los casos de la casa blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, Pegasus, entre muchos otros. Pero ¿suena creíble que Cervantes persiga a su jefe máximo, a quien le debe sus más altos cargos?

Por otro lado, la Ley de Seguridad Interior, refrendaría una estrategia de seguridad totalmente fallida, impuesta por Washington, que en 10 años ha duplicado los homicidios, aumentado drásticamente la percepción de la violencia y fragmentado los grupos criminales haciendo más difícil el combate a estas organizaciones.

Numerosos estudios han demostrado que las balas no son la única salida en situaciones como la que experimenta el país, sino un programa integral que incluya auditorías directas para desarticular las redes financieras del crimen y una estrategia de atención ciudadana que dificulte el reclutamiento por parte de grupos criminales. Además, esta ley rompería las cadenas de mando establecidas en la constitución y las responsabilidades que la carta magna delegó las fuerzas armadas.

De aprobarse el pase automático del fiscal y la ley de seguridad interior, Peña habrá sellado con éxito un pacto de impunidad y habrá dejado como legado la institucionalización de la corrupción y la normalización de la violencia.   

Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.

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