Por Gabriel Sosa Plata / @Telecomymedios

No son “irritantes”, sino útiles, fundamentales para la toma de decisiones y corregir el rumbo. Pero no, el presidente Enrique Peña Nieto, al igual que muchos funcionarios públicos y políticos, ven las críticas, los señalamientos de errores, las denuncias, los “memes” que se generan en redes sociales como un hecho negativo y no como un instrumento democrático.

Las redes sociales “a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios”, dijo Peña Nieto, al entregar la ampliación del libramiento Arco Norte en el tramo Jilotepec-Atlacomulco, en el Estado de México.  Y “poco recogen” los logros “y los avances que hemos tenido como nación”, agregó.

Acostumbrado durante décadas al aplauso fácil, convenenciero y a medios de comunicación cooptados a través de la publicidad gubernamental, Peña Nieto y muchos de nuestros políticos no entienden la lógica de las redes sociales, sus incentivos, sus motores, pero ante todo lo benéfico que son para detectar qué asunto molesta socialmente, por qué se creó y en dónde radica el problema.

Detrás del activismo sociodigital hay información de oro para ejercer con mayores posibilidades de éxito una función en el Gobierno. Sin embargo, se combate a sus promotores porque observan, corrigen, irritan, porque crean corrientes de opinión con las que el gobernante no está de acuerdo. En lugar de actuar para subsanar las faltas o bien informar para aclarar alguna imprecisión, se les busca censurar y reprimir mediante el acoso virtual y la manipulación de las redes sociales.

Se ha documentado cómo el Gobierno de Peña Nieto utiliza masivamente cuentas automatizadas o bots y o provocadores o trolls para contrarrestar un discurso adverso y apoyar las acciones o declaraciones de sus funcionarios de primer nivel.

Alberto Escorcia, experto en el tema, creador del sitio loquesigue.tv, afirma que los denominados “peñabots” han sofisticado su operación: “ya no son solo programas diseñados para lanzar masivamente tuits y crear perfiles, sino que se mezclaron con redes de operadores que han llegado a manejar hasta 75 mil cuentas falsas, lo que ha hecho más difícil ubicarlos” (Adriana Buentello, RT, 8 de agosto 2017).

Otro estudio, elaborado por el periodista Daniel Pensamiento y Abel Jonathan Espinosa, un joven ingeniero en mecatrónica egresado del Tec de Monterrey y posgraduado en inteligencia de redes y nuevas tecnologías de la información, estimó la existencia de 640 mil 321 cuentas de “peñabots” en Facebook y un millón 216 mil 93 cuentas en Twitter, en el periodo analizado que va del 1º de enero al 1° de septiembre de 2016 (sobre el tema, escribí en Sin Embargo, el 27 de septiembre de 2016).

Un gobernante democrático apreciaría y estimularía el activismo sociodigital como el que existe en México. Un gobernante sin un compromiso democrático lo combate, como se hace desde la actual administración, y se le recrimina públicamente, como si se tratara de algo injusto o negativo para el país. Esta última práctica tiene un efecto contraproducente, porque daña más la imagen y aceptación del Gobierno, pero aun así no deja de aplicarse, incluso en pleno proceso electoral, donde se debería actuar con un margen mayor de tolerancia.

CUENTAS FALSAS… AL MEJOR POSTOR

Casi a la par de las declaraciones de Peña Nieto, The New York Times publicó un extenso reportaje en el que reveló la existencia de mercado global de fraude en las redes sociales mediante la venta de seguidores de Twitter y retuits a celebridades, negocios y cualquier persona que quiera ser más popular o ejercer influencia en internet. Por supuesto también sirven para denostar o acosar.

La investigación se centró en lo que al respecto hace la empresa estadounidense Devumi y cómo usa al menos tres y medio millones de cuentas automatizadas, particularmente en el país vecino, pero no deja de ser un ejemplo útil sobre lo que hace en México.

“En la actualidad las cuentas falsas que han sido creadas por gobiernos, delincuentes y empresarios infestan las redes sociales. Según algunos cálculos, hasta 48 millones de los usuarios activos de Twitter, casi el 15 por ciento, son cuentas automatizadas diseñadas para simular ser personas reales, aunque la compañía afirma que ese número es mucho menor”, dice The New York Times (“La fábrica de seguidores”, 27 de enero 2018).

En nuestro país el fenómeno se reproduce. Funcionarios públicos, políticos, artistas, periodistas, tienen infladas las cifras de sus seguidores para dar la apariencia de ser muy populares, pero, como decíamos, también para actuar a su favor en caso de alguna crítica.

En internet hay diferentes aplicaciones útiles para tener una idea de qué porcentaje son seguidores reales o falsos. Por ejemplo, twitteraudit.com, dice que sólo el 53 por ciento de los seguidores de Peña Nieto (@EPN) son reales y que el resto, casi tres millones 300 mil, son “fake”. Mucho mejor librado aparece, por citar otro caso, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con un 70 por ciento de seguidores reales.

El activismo o participación real en redes sociales es un gran aliado para quien ocupa el poder en un Estado democrático. Lo mismo sucede con la existencia de medios de comunicación independientes y críticos. Hasta en esto, el Gobierno de Peña Nieto tuvo una gran oportunidad histórica. El crecimiento de usuarios de internet y el uso cada vez más frecuente de Twitter, Facebook y otras redes sociales a lo largo de su sexenio, pudo aquilatarse con toma de decisiones basadas en las inquietudes de la ciudadanía recuperadas de la red.

No fue así. Se impuso el viejo modelo de comunicación política, el que prevaleció durante décadas. No en vano, México se colocó como el país en paz más peligroso para ejercer el periodismo y en el que se espía y se acosa a periodistas y líderes sociales por hacer su trabajo, por no quedarse con los brazos cruzados y señalar con “dureza”, con “irritación” la corrupción y las malas decisiones del Presidente y su Gobierno.

ADMITEN AMPARO EN DERECHOS AUDIENCIAS

Organizaciones y personas presentaron amparos por la contrarreforma en derechos de las audiencias, que se suman a la acción de inconstitucionalidad que promovieron 47 senadoras y senadores en diciembre del año pasado. Uno de estos amparos es de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), que preside la maestra Adriana Solórzano. Fue admitido en el juzgado primero especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En el amparo se exponen seis conceptos de violación a la Constitución, que en resumen impiden que las defensorías puedan llevar a cabo el procedimiento de defensa de las audiencias contenido en los artículos 34 a 44 de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, así como la reducción del campo de defensa para la protección de los derechos de las audiencias, que los quejosos están obligados legalmente a proteger.

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