Por Ricardo Capilla Vilchis / Agencia Conacyt

En la frontera norte de México, hay menores de edad que son reclutados por grupos del crimen organizado para perpetrar actividades ilícitas. ‘Polleritos‘, ‘coyotitos‘, ‘muleritos‘ o ‘mochileros‘ son algunos de los nombres que ellos reciben en función del delito que cometen al cruzar hacia territorio estadounidense.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doctor Óscar Misael Hernández, antropólogo social egresado de El Colegio de Michoacán (Colmich) y actualmente investigador titular adscrito al Departamento de Estudios Sociales en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), sede Matamoros, habló sobre dos investigaciones realizadas en 2015 y 2017 en los Centros de Atención al Menor Migrante (Camef) referentes a estos menores en la frontera de Tamaulipas.

El término “menores de circuito” es relativamente nuevo y alude a aquellos menores con edades entre 14 y 17 años, mexicanos, que residen en ciudades fronterizas y que, a diferencia de otros menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera para reunirse con familiares, buscar trabajo o educación, constantemente cruzan la frontera de forma ilegal como parte de actividades delictivas de grupos del crimen organizado. Específicamente se refiere al ir y venir que realizan los menores.

En los casos observados por el investigador en la frontera de Tamaulipas con Texas, se trata de varones menores de edad que radican en ciudades fronterizas, provenientes de sectores urbanos populares y marginales de México, además de que coinciden en ser jóvenes con educación primaria o secundaria trunca.

La primera investigación se realizó en colaboración con tres universidades estadounidenses para estudiar las violaciones de los derechos humanos de migrantes mexicanos no acompañados. La segunda, realizada en 2017, se enfocó en estudiar los efectos del trauma y la violencia en menores migrantes repatriados de Estados Unidos.

Menores ante la ley

Los grupos del crimen organizado se ven beneficiados al utilizar a menores de edad, pues si son detenidos por la patrulla fronteriza, son repatriados a México y no reciben una sentencia, sino que son enviados a Consejos Tutelares o Centros de Rehabilitación Juvenil, lugares en donde la seguridad es más laxa.

“El acto en sí no es punible. Los menores no reciben propiamente una sentencia como lo sería en los adultos, sino un periodo de enclaustramiento para iniciar el proceso de rehabilitación, no de reinserción social como en el caso de los adultos. Por otro lado, se supone que tienen muchas más garantías que se les deben respetar con base en diferentes documentos y protocolos, como los derechos de la niñez”, dijo.

El investigador apuntó que como en cualquier trabajo, ya sea legal o ilegal, existen ciertas reglas que de no acatarse, traen consecuencias. En caso de que los menores pierdan por primera vez la mercancía que se les encargó transportar a través de la frontera, se puede pasar por alto el incidente pero quedan bajo advertencia. Si la mercancía se pierde por segunda vez, el menor tiene que cubrir los costos de las pérdidas, pero si falla una tercera vez, no solo se tiene que pagar la pérdida sino que se le somete a un ritual que ha distinguido a algunos grupos dedicados al narcotráfico: ser “tableado”, es decir, ser golpeado en las asentaderas o en los muslos con una tabla.

Una práctica rentable

Los grupos criminales encuentran rentable contratar a menores de edad no porque les paguen menos, puesto que reciben el mismo pago que los adultos, sino porque están reclutando nuevos integrantes.

“Los grupos criminales tienen una perspectiva bastante pragmática en términos de mercado. Están invirtiendo en formar nuevo capital humano, entonces les es más rentable que si hay detenciones, saldrán más adelante y ellos mismos pueden seguir haciendo el trabajo o capacitar a nuevos reclutas”, destacó Hernández.

Asimismo, el investigador resaltó la necesidad de implementar programas para empezar a atenuar el vínculo entre los jóvenes y la violencia, pues señaló que en México no existen programas orientados hacia estos menores. Solamente se tiene el antecedente de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Ayuntamiento y algunos jóvenes trabajadores sociales y psicólogas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) implementaron un programa para atender a estos menores, dando pláticas y talleres.

Esta necesidad de programas de atención a menores de circuito se ve remarcada cuando se le cuestionó a los menores si pensaban seguir desempeñando actividades de contrabando, respondiendo positivamente 90 por ciento de los encuestados.