Por Abayubá Duché / @AbayubaDuche
Hace aproximadamente una semana coincidí en una conferencia con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), quién invirtió su participación en explicar los mecanismos operativos que se siguen para garantizar que los votos de una elección sean contados correctamente y que la falsificación de boletas sea prácticamente imposible. Con sus pequeñas excepciones, la mayoría de los presentes estuvimos de acuerdo en que el INE ha hecho un buen trabajo en la instalación de las casillas y el conteo de votos, pero al cuestionar sobre la fiscalización de recursos y las omisiones de la autoridad electoral en el flujo ilegal de recursos que casi siempre se ocupa para comprar votos, la argumentación del consejero casi se diluyó.
Durante mi participación cuestioné severamente al INE: ¿Cómo se puede decir que el modelo de financiamiento público equilibra la competencia si las grandes proporciones de financiamiento vienen de los estados federados?, ¿Cómo confiar en la fiscalización del INE cuando años después del término de una elección, salen a la luz transacciones multimillonarias e ilegales, como el caso ODEBRECHT que registra más de 12 millones de dólares ilegales y el caso de Duarte en Chihuahua que representa un saqueo de más de 250 millones de pesos? ¿Por qué si el INE hace todo bien, más de la mitad de los mexicanos no confía en él?
¿Cómo decir que el voto libre está garantizado si millones de personas son amenazados en gremios y corporaciones si no apoyan al partido del o la líder? Frente a estos cuestionamientos, el consejero prefirió deambular con frivolidades y evadir las preguntas. Y no digo que él sea el responsable de estos desvíos, pero sí es un miembro fundamental de la autoridad que debe investigarlos y en su caso castigarlos.
Como en muchas otras ocasiones, Murayama le tiró la bolita a la FEPADE y al Tribunal Electoral, pero insistí en recalcar que la unidad de fiscalización del INE es la primera instancia responsable de garantizar que la procedencia de los recursos sea legal y que el monto no rebase el tope de campaña establecido. Dicho sea de paso, la unidad de fiscalización del INE tiene acceso a todos los datos financieros de todas las instituciones y personas físicas del país.
Como es de esperarse, Murayama respondió confundido y con poca claridad. Y aunque este suceso pueda parecer irrelevante o frívolo, refleja una de las realidades más preocupantes para muchos ciudadanos. Saber que en el año con más elecciones en la historia del país, la autoridad electoral es incapaz de dar explicaciones contundentes de cómo garantizar una campaña plenamente democrática y por tanto legal, significa que estas elecciones pueden ser las más cuestionadas de la historia.
En el contexto de enorme corrupción, casi toda ligada al financiamiento ilegal de campañas, parecería sensato que el INE empezara a preocuparse mucho más en estudiar, identificar y exhibir las enormes y complejas redes de financiamiento ilegal que proviene del narco, la iniciativa privada, el exterior y los estados federados, pero en su lugar se dedica a dar explicaciones débiles, redundantes y que a nadie convencen.
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