Por Mario Galeana / @MarioGaleana_

El repique de las campanas de la iglesia y la gente saliendo de sus casas para atestar la plaza del pueblo. Luego los gritos, los palos, los teléfonos grabándolo todo. La furia, las llamas, los machetes. El olor a carne chamuscada, los dos hermanos irreconocibles, degradados a cenizas, a jirones. Con la piel hecha trizas y los ojos hechos trizas y los dedos y las líneas de la mano y el nombre hechos trizas.

Convencido de que se trataba de un acto de justicia, un pueblo masacró hace poco más de dos años, en octubre de 2015, a Rey David y José Abraham Copado Molina. La gente de Ajalpan, en la Sierra Negra de Puebla, los acusó una tarde de ser secuestradores y su sentencia de muerte se cumplió la noche de ese mismo día. No sirvieron las súplicas. No sirvió el membrete que los identificaba como encuestadores. Porque la turba nunca escucha.

Un testigo me dijo la mañana siguiente, cuando llegué al pueblo, que por la noche había visto a las mujeres volviendo las tripas y a los niños aplaudiendo entre la multitud que cercó a los hermanos. “Era una locura”. Una cinta rodeaba aquel punto ennegrecido de la plaza y la gente estaba todavía allí, mirando la efigie de muerte.

-¿Sabes a qué olía la carne quemada? -me preguntó, de pronto.
-No.
-Huele igual a cuando queman a un perro.

Algo ocurre con la noción de justicia en el país y, sobre todo, en Puebla. Harta, quizá, del lento y casi siempre poco útil aparato gubernamental -hasta hoy el 92.3% de los crímenes quedan impunes, son “cifra negra”-  la gente ha tomado sus barrios y sus pueblos en lugares donde cada robo, asesinato o violación abre una convocatoria para matar. Porque matar -quitarle la vida al ladrón, al asesino, al violador, a otra persona- se convierte en una concesión que el Estado otorga a sus ciudadanos: mate hoy a un delincuente y no falte mañana al trabajo.

El año pasado, 23 personas fueron asesinadas en el estado por multitudes enfurecidas, pero la cifra pudo ser aún mayor: 109 personas más fueron rescatadas antes de la muerte. Estos homicidios se acompañan casi siempre de un alto sentido de humillación: a los linchados se les desnuda, se les amarra a postes, se les pasea por las calles, se les filma. Muchos ven, desde lejos, pero aplauden: los comentarios de cualquier noticia reciente que narre un linchamiento sólo retratan felicitaciones a la masa justiciera y repudio hacia el cuerpo sanguinolento del ladrón.

Hace poco, Martín Caparrós cuestionaba en el New York Times el papel de los gobiernos frente al clamor popular de la pena de muerte, y la posibilidad de instaurarla como una sentencia oficial: “¿Para ser realmente demócratas tendríamos que aceptar que el Estado mate porque el pueblo quiere? (…) ¿Es cierto que el pueblo -la mayoría- siempre tiene la razón?”.

Yo no conozco ese dolor: el dolor de ser víctima. Pero he estado muy cerca de él: he hablado con los padres de una adolescente asesinada por su ex novio y con los hijos de una madre ejecutada de un balazo por un tipo que quiso arrancarle el bolso. Sé, porque he estado ahí, con ellos, que el dolor de estos crímenes está casi siempre fundido con el odio más profundo.

Pero aún dudo. Cuando leo el periódico y encuentro un nuevo linchamiento, pienso en la inutilidad y la inmediatez de ese tipo de justicia. Y pienso también en el olor de ese tipo de justicia. Y me pregunto, todavía, si no olerá igual que un perro ardiendo entre las brasas.