Por Luis Tapia / @EliudTapia

El sistema de justicia mexicano no funciona. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU – DH), existe un 99% de impunidad en México. El INEGI dio a conocer recientemente a través de la ENVIPE que 93.3 % de las personas que son víctimas de delito no los denuncian ante las autoridades competentes porque no confían en ellas.

Esto es, si sufres un asalto, si alguien entra a robar a tu casa o si tu familiar es víctima de desaparición, tienes 1% de posibilidades de saber quién te robó o asaltó o quién desapareció a tu ser querido, para estar en posibilidades de que el responsable sea presentado ante la justicia. Peor aún, si se trata de conocer el paradero de tu familiar desaparecido. Las autoridades mexicanas no pueden y no tienen la capacidad para buscar a los más de 33 mil desaparecidos que hoy nos faltan.

La Procuraduría General de la República no tiene cabeza institucional desde la renuncia de Raúl Cervantes Andrade ocurrida en octubre de 2017. Aún más, el gobierno actual prefirió dejar a la PGR con un encargado de despacho en lugar de empezar la construcción de una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma.

Además, enseguida de la renuncia del Procurador, la primera acción del encargado del despacho de la PGR fue despedir a Santiago Nieto Castillo, el Fiscal Electoral que investigaba a Emilio Lozoya (quien fuera Director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto) por estar acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando trabajaba en la campaña de Peña Nieto. Tiempo después Nieto reveló que le ofrecieron dinero a nombre del Presidente de México y fue amenazado para que dejara de investigar a Lozoya; este último goza de impunidad.

En suma, la institución encargada de investigar los delitos está totalmente colapsada. Las estadísticas lo dicen y diversos casos emblemáticos de graves violaciones a derechos y de corrupción no resueltos así lo testifican: Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Emilio Lozoya, César Duarte, Javier Duarte. El etcétera es largo.

Frente a esa realidad lacerante, varias organizaciones de derechos humanos, agencias de cooperación internacional e incluso personalidades como Gael García han pedido que se instale en México un mecanismo en contra de la impunidad como una propuesta de solución a la situación de injusticia casi absoluta que se vive en México.

No se conoce cuál sería el diseño exacto del mecanismo extraordinario porque debe construirse pero está claro que debe ser independiente, basado en un organismo internacional de la ONU o de la OEA, con capacidad técnica adecuada, con un alto grado de confianza y con facultades para investigar casos de corrupción y de graves violaciones a derechos humanos que no han sido debidamente tratados por la PGR.

Hace poco un mecanismo de supervisión internacional, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado a propósito del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demostró que es posible hacer investigaciones serias, con una perspectiva científica, poniendo en el centro a las víctimas y aportando líneas de investigación sólidas.

Esa experiencia demuestra que profundizar en el camino de la participación internacional tiene sentido como forma de buscar una salida a la crisis de impunidad, corrupción, inseguridad y graves violaciones a derechos que vivimos en México.

Las visiones que ven en los órganos internacionales una amenaza para la soberanía nacional, ya no son admisibles cuando hemos visto en repetidas ocasiones que el gobierno mexicano no tiene la capacidad de investigarse a sí mismo.

Mayor importancia toma aún el hecho de que estamos ante un contexto electoral que puede generar una transición presidencial que conlleve hacia un cambio de régimen y al fortalecimiento de la democracia, en la que se pueda vislumbrar un rompimiento de pactos de impunidad que permitan que las pruebas de la comisión de los más graves delitos salgan a la luz, que los hechos sean esclarecidos y que los responsables sean llevados ante los tribunales, es decir, que haya verdad y justicia.

NOTA:

Mientras era Procurador, Raúl Cervantes realizó un diagnóstico de la PGR. Es revelador que el propio informe afirmara citando una encuesta ENVIPE del INEGI que 59% de la población nacional consideraba que la institución era corrupta y que Transparencia Internacional dio a conocer que México ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción.