La caja de cristal: Fiscalía poblana, llave de la impunidad

Jorge Machuca

Por Jorge Machuca / @JorgeMachucaL

Nuevamente la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), al igual que la de Guerrero y la de la Ciudad de México, ha sido exhibida como una dependencia que, por decir lo menos, no hace bien su trabajo, ya que incumple con lo mínimo indispensable que se pide de cualquier institución que procure la justicia: atender a los ciudadanos víctimas de un delito a través de Agencias del Ministerio Público con personal suficiente y capacitado, coadyuvar en la mitigación y el combate de los delitos de alto impacto como el homicidio, y en términos simples y llanos, ayudar a que rinda frutos el relativamente “nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

De hecho, me consta, al haber sido como miles de poblanos víctima de un delito en enero pasado, que hay indagatorias que no se concluyen pese a que las víctimas presenten la denuncia respectiva e incluso se cuente con pruebas en contra de los delincuentes que nunca recaba el Ministerio Público por abulia, negligencia, desidia, o todas juntas. Los delincuentes siguen en lo suyo, y los ciudadanos seguimos en la zozobra.  La impunidad es el pan de todos los días, el deporte estatal y nacional.

Las evidencias de cómo se construye y mantiene la impunidad en México, sobran. Una de las muestras más serias y recientes la puso sobre la mesa la Universidad de las Américas a inicios de año, cuando en su Índice Global de Impunidad México 2018 señaló a Puebla como el cuarto estado con más impunidad, sólo antecedido de Aguascalientes, Tlaxcala y Nayarit.

Ahora –diría Monsiváis, para ilustrar nuestro optimismo- en su Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018, la organización Impunidad Cero, ha confirmado que en México, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de sólo 1.14 por ciento. O lo que es igual: un delincuente, haciendo lo suyo, sólo tiene una probabilidad superior al 98 por ciento de que no reciba el mínimo castigo por hacerse, por medios violentos o pacíficos, de lo ajeno.

En Puebla, para denunciar un delito ante el Ministerio Público, hay que esperar tres horas con 20 minutos en promedio para ser atendido; a nivel nacional ese promedio es de dos horas con 15 minutos. La otra cara de la moneda es que hay fiscalías o procuradurías que colocan en el centro de su quehacer a la gente y entre otras cosas, han puesto en marcha buenas prácticas como el modelo de gestión ISO 9001:2008, que deriva en que los denunciantes sean atendidos en el Ministerio Público en un máximo de 17 minutos.

En un comunicado en el que la FGE intentó defenderse ante los resultados exhibidos por Impunidad Cero, admitió que su infraestructura es limitada y responsabiliza al Poder Legislativo –controlado por diputados afines al morenovallismo- del desastre en materia de procuración de justicia en Puebla:

“El estudio de ‘Impunidad Cero’ por un lado mide factores de estructura y operación que tienen que ver con recursos humanos y aprobación de presupuestos, aspectos ajenos a las Instituciones de procuración de justicia ya que corresponden a decisiones del Poder Legislativo”.

Y más adelante la dependencia capitaneada por Víctor Carrancá matizó: “la Fiscalía General del Estado de Puebla, con menos, hace más. Con respecto a presupuesto, personal y carga de trabajo, se está en penúltimas posiciones o muy por debajo de otras homólogas, sin embargo la eficiencia en investigaciones es mejor”.

“Para contrarrestar la falta de servidores públicos que atiendan a la ciudadanía, entre otras acciones, en enero se tomó protesta a 92 nuevos agentes del Ministerio Público: 70 fueron promociones de hombres y mujeres que ya laboraban en la institución y 22 nuevos ingresos”. Sic. Mientras, el dato duro del estudio pinta de cuerpo completo el problema: La probabilidad de esclarecimiento de un delito en Puebla es de 0.42%, la séptima peor calificación del país. La FGE le ha dado a la delincuencia la llave de la impunidad.

HAGA CLIC AQUÍ SI DESEA LEER EL ESTUDIO COMPLETO

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