AMLO frente al Gasoducto Morelos; comunidades indígenas exigen su cancelación

Por Mario Galeana / @MarioGaleana_

Aprobado en el sexenio de Felipe Calderón e impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el futuro del Proyecto Integral Morelos, cuyo trazo recorre 13 municipios de Puebla, ocho de Tlaxcala y cuatro de Morelos, será definido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente se fijó para sí mismo el 11 de febrero como la fecha fatal para decidir si continúa o no la construcción de una central termoeléctrica en Huexca, Morelos, que consiste en la primera parte del proyecto.

La central estaría conectada a un gasoducto de 123 kilómetros de longitud que terminaría en Huejotzingo, Puebla, tras cruzar por lo menos 19 comunidades indígenas y una gran región considerada en riesgo por su cercanía con el volcán Popocatépetl, de acuerdo con el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder).

El activista Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), asegura que entre Morelos y el municipio de Atlixco, en Puebla, hay por lo 23 kilómetros que forman parte del Gasoducto Morelos y que implican un altísimo riesgo ante la posibilidad de una erupción volcánica.

“Desde los sismos de septiembre de 2017, tanto Morelos como Puebla han cambiado su coeficiente de riesgo, y esto es algo que no se ha contemplado en los escenarios de riesgo de la obra”, dijo el pasado martes 29, en una conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de México.

Avalada por el gobierno federal en 2010, la obra ha despertado, desde entonces, un movimiento de resistencia formado por los pobladores de las comunidades afectadas, que ha tenido como respuesta, en muchos casos, la represión y el encarcelamiento por parte del Estado.

A Juan Carlos, por ejemplo, el gobierno del estado de Puebla, entonces a cargo de Rafael Moreno Valle, lo apresó el 8 de abril de 2014, bajo los delitos de motín, extorsión, ataque a obra pública y despojo. Su liberación ocurrió 10 meses después.

El trazo del gasoducto

A la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 45 quejas de las comunidades indígenas afectadas; 12 de éstas fueron presentadas por pobladores de municipios de Puebla.

En una recomendación emitida en marzo de 2018, la CNDH informó que en las 19 localidades originarias de Puebla que se verían afectadas por la obra habitan 29 mil 315 personas indígenas,

En su planeación, el gasoducto recorre los municipios poblanos de Acteopan, Atlixco, Atzizihuacan, Calpan, Cohuecan, Huaquechula, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Jerónimo Tecuanipan, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula y Tlaltenango.

En algunas regiones, el trazo se ubica a distancias muy cortas de las comunidades, como en el caso de la localidad indígena de San Hipólito Achiapa, en el municipio de Ocoyucan, que está situada a 100 metros de distancia del gasoducto.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) especificó a la CNDH que el recorrido de la tubería contraviene uno de los criterios ecológicos establecidos en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl.

El Ayuntamiento de Atlixco también se pronunció en contra de su construcción, puesto que el gasoducto cruza una zona agrícola y, por tanto, es “incompatible” con el plan de desarrollo municipal, según un oficio de la CNDH contenido en la recomendación 03/2018.

A la fecha, se han presentado tres amparos en contra del proyecto federal. Uno fue sobreseído en agosto de 2016, otro se encuentra en trámite y uno más que fue presentado en un tribunal de Puebla fue obtenido en abril de 2017, pero los promotores del gasoducto interpusieron un recurso de revisión que permanece en análisis en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

La decisión de AMLO

Juan Carlos Flores Solís exigió al presidente López Obrador que, una semana antes de que decida el futuro de la central termoeléctrica de Huexca, Morelos, convoque a una mesa de diálogo a la que acudan el gobierno federal, los gobiernos de Puebla, Morelos y Tlaxcala, y los representantes de las comunidades indígenas afectadas.

“Queremos que cancele el PIM. El presidente argumenta que son 20 mil millones de pesos que se han gastado en éste y que es deuda pública. Pero ¿por qué se les tiene que pagar a las empresas españolas corruptas de Abengoa, Elecnor y Enagas la imposición del PIM? ¿Por qué se les tiene que pagar si no consultaron a los pueblos?”, reclamó.

Según el activista, el pasado lunes 28 de enero el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, visitó la central termoeléctrica de Huexca y, al salir, se negó a dialogar con los opositores al proyecto.

Los activistas suponen que esto anticipa que el gobierno federal se incline por la continuación de la obra.

Adelantamos que no queremos una consulta nacional donde Sinaloa decida si Huexca tiene que vivir con una termoeléctrica, o si 60 pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla tienen que vivir con un gasoducto en zona volcánica y sísmica”, advirtió Flores Solís.

En realidad no hay nada que decidir: la decisión ya ha sido tomada por los pueblos, ya han dicho no al gasoducto”.

 

Fotografía de portada: Cencos.

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