Por Mario Galeana / @MarioGaleana_

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó 276 casillas entre Morelos, Puebla y Tlaxcala para someter a votación una decisión que ya parecía haber tomado: el arranque del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Quien escuche los discursos que el presidente realizó en la víspera de la consulta podría suponer que nunca hubo más opción que el ‘sí’.

Porque mientras prometía tarifas de energía eléctrica más bajas para los municipios afectados por el proyecto, tildaba de “radicales de izquierda” y de “conservadores” a los indígenas y activistas que se oponían a éste.

No dejaba de recalcar que votar por el ´no’ hubiera implicado desaprovechar los 20 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invirtió en la construcción de una termoeléctrica en Huexca, una comunidad indígena ubicada en Yecapixtla, Morelos, desde la cual se pretende suministrar de gas al ducto de 160 kilómetros de longitud que cruzará por Puebla y Tlaxcala.

Pero los resultados de la consulta ciudadana revelaron el fracaso de la maquinaria federal: el ‘sí’ logró imponerse por sólo 11,359 votos frente al ‘no’, en una consulta con un nivel de participación más bien bajo, pues sólo acudieron a votar 55,175 personas en los 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala en los que se instalaron las casillas.

El margen de diferencia entre el ‘sí’ y el ‘no’ ha restado legitimidad a la consulta y ha permitido a los opositores acusar al gobierno de haber manipulados los resultados para favorecer el inicio de operaciones del proyecto.

“Ellos dijeron que darían los resultados desde la noche del domingo y lo hicieron hasta ayer. Pudieron haberlos maquillado durante ese domingo. Esto sería posible porque no hubo vigilancia, ni órgano independiente que vigilara la consulta”, señaló Juan Carlos Flores Solís, activista poblano e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, una organización que ha reunido a las comunidades afectadas de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Una consulta sin indígenas

El gobierno federal desplegó las 276 casillas en las principales cabeceras de los municipios y no en las comunidades que se verían afectadas directamente por el gasoducto, cuya principal crítica es que se encuentra en la zona de incidencia del volcán Popocatépetl.

La falta de consulta a los pueblos indígenas quedó reflejada en los resultados de la consulta ciudadana.

En Puebla, por ejemplo, sólo acudieron a votar 7,558 personas, aunque el proyecto afectaría a por lo menos 29,315 indígenas que habitan 19 comunidades originarias, de acuerdo con la recomendación 03/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En Morelos esta condición no se replicó, puesto que el gobierno federal ordenó de manera arbitraria que se consultara a todo el estado y no sólo a los cinco municipios que se verán afectados con el proyecto: Ayala, Cuautla, Jantelco, Temoac y Yecapixtla, en donde habitan 19,681 indígenas, según el órgano nacional de derechos humanos.

Estas irregularidades fueron denunciadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua mediante un comunicado en el que acusaron que “la población externa al proyecto sustituyó la decisión de las comunidades”.

“No fue un mandar obedeciendo, como dice Obrador, fue un mandar a la chingada los derechos de los pueblos indígenas”, recalcaron en el posicionamiento.

El inicio de otra lucha

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la mañana del lunes 25 que la consulta se realizó en un “ambiente de polarización”, pero adjudicó esta situación al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Se impuso desde el gobierno anterior, sin consulta, y se afectaron comunidades. Incluso hubo represión y se creó todo un movimiento contrario a la termoeléctrica y al gasoducto, pero teníamos que enfrentar este asunto”, dijo.

Sin embargo, los integrantes del Frente opositor acusaron al presidente de “radicalizar” a las organizaciones que están a favor del PIM, pues en un evento oficial que realizó el pasado 10 de febrero en Cuautla, Morelos, el pasado 10 de febrero, acusó a un grupo de personas que protestaron en el evento de ser “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”.

Entre ese grupo de activistas se encontraba Samir Flores, quien fue asesinado 10 días después en Amilcingo, una comunidad de Morelos.

“Nuestro compañero Samir pagó las consecuencias de la insensibilidad de López Obrador. Porque lo que hizo fue alentar a los grupos protermoeléctrica para que hubiera una radicalización del proceso, y en esa radicalización Samir perdió la vida”, denunció Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente opositor, en la conferencia realizada desde Morelos.

Y Juan Carlos Flores advirtió también: “En las redes sociales no están llamando radicales, conservadores; nos mientan la madre y nos amenazan. Lo que pasó con Samir puede pasar con los demás.”

Algo detiene todavía el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos: un amparo que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó a cuatro comunidades indígenas de Atlixco el 7 de abril de 2017, y que fue ratificado a principios de enero de este año.

López Obrador ha anunciado que, sin embargo, el proyecto va. Y la resistencia ha advertido, sin embargo, que el proyecto no va.

Ahora, lo que resta es el inicio de una nueva lucha.

Fotografía de Portada: @aranhera