Por: Mario Galeana / @MarioGaleana_
[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#009ddc” txt_color=”#ffffff”]P[/mks_dropcap]uebla es el estado con más denuncias por violencia política de género, pero la falta de una ley que castigue estos hechos ha provocado que, hasta ahora, los tribunales sólo hayan sancionado a tres responsables y ningún castigo ha implicado responsabilidades penales.
La sentencia más reciente ha avivado la exigencia de organismos feministas para que el Congreso de Puebla legisle sobre este tipo de violencia contra la mujer, cuya tipificación ha sido postergada desde 2017.
El pasado lunes 25 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dictó una sentencia en contra del diputado José Juan Espinosa Torres por haber hecho comentarios sobre la sexualidad de Laura Torres Villegas, representante del PRI, durante una sesión del Instituto Electoral del Estado (IEE) ocurrida en julio de 2018.
En la sentencia, los magistrados amonestaron de manera pública al legislador local y lo obligaron a tomar un curso de orientación sobre género y masculinidad, además de disculparse de forma pública con la representante priista mediante la publicación de tres desplegados en dos periódicos impresos y un portal de noticias.
Al haber dicho que Torres Villegas necesitaba un “terapeuta sexual”, el coordinador de la bancada del PT atentó contra la dignidad humana de la regidora, “menoscabando así el derecho de la denunciante a la igualdad y la no discriminación”, declararon los magistrados locales.
Una larga espera
Para el Consejo Consultivo del Instituto Poblano de la Mujeres (IPM), esta sanción del TEEP debe ser el preámbulo para que en Puebla se tipifique la violencia política en razón de género.
“Dejemos de normalizar y justificar este tipo de conductas violentas contra las mujeres”, manifestó Mónica Díaz de Rivera Álvarez, presidenta del Consejo Consultivo del IPM, mediante un comunicado.
En el Congreso local se han presentado por lo menos dos iniciativas para tipificar este tipo de violencia, por la cual el año pasado se presentaron 15 denuncias en el estado. Esta cifra posicionó a Puebla como el estado del país con más denuncias, de acuerdo con Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del INE.
La primera reforma yace en la congeladora legislativa desde el 1 de junio de 2017. Sus promoventes, las ex diputadas Lizeth Sánchez García y Silvia Tanús Osorio, plantearon siete acciones que pueden ser consideradas violencia política.
Entre éstas, destacan aquellas acciones que pretendan impedir la toma de protesta al cargo público para el que una mujer fuese elegida o designada; la obstaculización de sus derechos de afiliación y asociación en los partidos políticos; la distribución inequitativa del presupuesto para su candidatura o por el desempeño del cargo público que ostente.
La propuesta —que reúne las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer— resume que la violencia política en razón de género es todo acto que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
La segunda reforma fue presentada por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, en septiembre de 2018, pero la propuesta ha tenido el mismo destino que la anterior.
En realidad, no se trata de una sola reforma, sino de un paquete legislativo que modificaría la Constitución de Puebla, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código de Instituciones y Procesos Electorales, y el Código Penal.
Este conjunto de reformas propone que la violencia política de género se castigue con penas de hasta cinco años de cárcel.
La impunidad
La primera reforma para tipificar este tipo de agresiones se presentó en el contexto de un claro caso de violencia política cometido por Inés Saturnino López, ex presidente municipal de Tecamachalco, en contra de la ex regidora Ruth Zárate Domínguez.
El alcalde retuvo por 10 meses remuneración salarial de la concejal y, durante cada sesión de Cabildo, ordenaba que las participaciones de la concejal no fueran tomadas en cuenta. En ese lapso, la regidora sufrió amenazas y vejaciones.
Por estas acciones, la regidora presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que habría logrado vincular a proceso al alcalde de extracción panista de no haber cometido una larga cadena de errores durante la audiencia que se celebró frente a un juez federal.
Un año después, exactamente en junio de 2018, el TEEP dictó una sentencia por violencia política de género en contra de Fabián Gómez, director del portal Contraparte MX.
El comunicador hizo —como en el caso de Espinosa Torres— declaraciones sobre la reputación y la vida sexual de la activista Violeta Lagunes Viveros. Y la sentencia se redujo —como en el caso citado— a una disculpa pública mediante inserciones pagadas en medios locales.
