¿Qué impide la (re)inserción de los poblanos que son deportados de Estados Unidos?

Migrantes Puebla

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

El suelo de Puebla es territorio expulsor. Casi no hay serranía, valle, metrópoli o pequeño municipio que no tenga, entre sus ciudadanos, a un migrante.

Sólo en los primeros dos meses de este año, desde Estados Unidos se repatriaron a mil 156 poblanos originarios de 150 municipios. Es decir, el 70% del estado es territorio expulsor.

La ciudad con más repatriados es Puebla, pues 190 personas nacidas en la capital han sido detenidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos y devueltas al país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

La situación de repatriados de la capital en relación con el resto de los municipios es inherente al número de habitantes en la ciudad (1.6 millones de personas). Algo que, por ejemplo, no puede decirse de Pahuatlán.

Pahuatlán, un municipio enquistado en la Sierra Norte de Puebla, con una población de 20 mil habitantes —en su mayoría indígenas—, es el segundo municipio con más repatriados durante enero y febrero. En esos dos meses, las autoridades norteamericanas retornaron a 86 personas oriundas de ese municipio.

En cuanto a repatriados, Pahuatlán superó a cualquier municipio de la Mixteca poblana, que, en el análisis histórico de la migración, era considerada la región con más migrantes de todo el estado.

Acatlán, por ejemplo, es el tercer municipio con más repatriados de origen, al contabilizar a 52 personas devueltas por las autoridades migratorias en el primer bimestre del año.

El cuarto municipio, con 37 poblanos repatriados, es Palmar de Bravo, municipio en el que el crimen organizado vio un fecundo territorio para desplegar la extracción ilegal de hidrocarburos.

¿Volver para qué?

Y, a todo esto, ¿volver para qué?

Esa debe ser, quizá, la pregunta que resuena en la cabeza de los repatriados. En Puebla, hay cuando menos nueve obstáculos que impiden la reinserción de los migrantes en la vida que dejaron en sus municipios antes de partir a la frontera, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Entre estos se encuentran la falta de difusión de programas a migrantes retornados, las acciones insuficientes del gobierno frente a los deportados, la falta de oportunidades laborales, la discriminación por edad de parte de empleadores, las distancias geográficas entre sus comunidades y las zonas de empleo, los bajos salarios y las jornadas extensas, las tensiones en la reunificación familiar en los hogares, la falta de capacitación financiera y desarrollo de negocios, y la falta de programas de apoyo escolar a la niñez migrante o binacional.

Estos obstáculos fueron identificados por la CNDH en su informe especial sobre Políticas multinivel para el retorno y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias.

Entre los factores sociales de riesgo que los migrantes retornados de Puebla expresaron para el informe, se destacó que algunos se sentían más seguros en Estados Unidos y que son propensos a sufrir algún tipo de discriminación social, estigmatización o violencia simbólica por parte de los habitantes de su comunidad de origen.

Esto ocurre mediante la idea de que ‘si fueron deportados o expulsados fue porque seguramente hicieron algo o porque tienen un récord criminal, según el informe del organismo nacional.

En Calpan, el académico Luis Jesús Martínez Gómez, de la BUAP, hizo un grupo de trabajo con algunos migrantes. De ahí constató que “no existen estrategias gubernamentales que aprovechen el conocimiento laboral adquirido en el extranjero”.

Y, entonces, ¿volver para qué?

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