MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Las feministas llevaron al Congreso de Puebla argumentos científicos y legales para que la despenalización del aborto sea aprobada, pero los diputados no quisieron escucharlos. No quisieron o no pudieron.
El hecho es que el pequeño salón legislativo donde se realizó el primer foro sobre interrupción legal del embarazo se encontraba repleto de activistas, y entre aquella multitud sólo había cuatro congresistas: las diputadas Rocío García Olmedo, Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval, y el legislador José Juan Espinosa Torres, quien permaneció sólo por media hora antes de marcharse.
Si algo resaltaba en medio del salón era el verde. Verdes eran los pañuelos atados a la muñeca y verdes los pañuelos que colgaban sobre el cuello de las asistentes que fueron convocadas por la Campaña por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla, un movimiento que reúne a un puñado de organizaciones feministas.
Y si algo resaltó también fue la ausencia de los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el único órgano legislativo que deliberará la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, antes de que ésta sea presentada ante el pleno.
La activista Natali Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) A.C., sentó una fecha específica en la que la recrudeció la criminalización contra las mujeres poblanas.
En marzo de 2009 —dijo— la aprobación de una ley por la cual se estableció en la Constitución de Puebla la protección de la vida “desde la concepción” capituló una mancha en el derecho a decidir.
Y ahí estaban, 10 años más tarde, en la misma sede legislativa. En ese lapso, en Puebla se iniciaron 73 procesos penales por aborto en contra de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e información recabada a través de transparencia.
De todos estos procesos, el Poder Judicial dictó al menos 11 condenas, mientras que procesos más se encontraban a la espera de la sentencia.
TAMBIÉN DEBES LEER: Acceso al aborto, una demanda en más del 25% del estado
Durante el foro, la diputada Rocío García Olmedo hizo una breve exposición sobre su propuesta, que consiste en modificar el Código Penal y la Ley Estatal de Salud para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas y crear un protocolo para que las instituciones públicas atiendan a las mujeres que requieran este procedimiento.
Más tarde, en el foro participaron representantes de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de Ipas y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes explicaron que la criminalización del aborto se ha traducido en la violación al derecho a la vida de las mujeres y la no discriminación.
Rebeca Loera, abogada e integrante del GIRE, aseguró que con base en reportes de las autoridades se sabe que en México se presenta al día una denuncia por aborto en contra de una mujer.
La persistencia de leyes punitivas ha provocado que, en casos de abortos espontáneos, las mujeres sean criminalizadas desde las mismas instituciones de salud.
“Son interrogadas bajo circunstancias fuera de la ley y son presionadas para confesar cosas que no hicieron”, abundó.
Al análisis jurídico le sucedió el científico. La médica Rebeca Margarita Martínez, de la organización Ipas, explicó que el producto no puede ser considerado una persona, como afirman los grupos de derecha que se oponen a la despenalización del aborto.
“Que exista un latido no implica que sea autónomo, no hay capacidad de supervivencia fuera de la matriz”, recalcó.
TAMBIÉN DEBES LEER: Mujeres de Puebla cuentan por qué decidieron abortar
Patricia López Romero, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, explicó una plataforma de nombre Focos, por la cual trata de visibilizarse el aborto como una práctica reproductiva frecuente.
“El objetivo es mostrar la diversidad de mujeres que han abortado, y cada experiencia es una luz que ellas mismas encienden en un mapa virtual de nuestro país”, abundó.
Mientras que Adriana López, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, subrayó la importancia del Estado laico como método para garantizar políticas públicas libres de estereotipos y condicionantes religiosas y morales.
*Fotografía de portada: Rocío García Olmedo
