Manatí

Aumento a la tarifa: Primera crisis política de Barbosa

Lizeth Mejorada | @LizethMejorada

Este domingo 6 de octubre el gobierno del estado, bajo la voz del secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, anunció el incremento a la tarifa del transporte público de un 41% pasando de 6 pesos a 8,50. Irremediablemente ésta será la primera crisis política en el sexenio barbosista, pues no hay algo que afecte tanto la economía familiar como el costo del transporte público.

Recordemos que, de acuerdo a los datos de la anterior SIMT (Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 2015), el transporte público es la principal forma de movilidad para los poblanos con un 46%, seguida de los viajes peatonales (sí, caminando) 34% y sólo 16% de los viajes en auto particular. Aumentar el precio del pasaje impactaría a un 84% de la población que continúa o recurrentemente utiliza el transporte público como medio de transporte.

En días pasados, los estudiantes de la BUAP repartieron panfletos convocando a movilizarse en contra del aumento a la tarifa del transporte público; incluso han anunciado un paro de usuarios y por lo menos dos marchas confirmadas en los siguientes días, así como la presentación de amparos por el aumento. Ésta es la primera alarma para el gobierno de Barbosa sobre la respuesta de los poblanos a las decisiones que está tomando, situación que puede ponerse peor si el gobierno no la resuelve a tiempo.

Cuentas claras amistades largas

Frente al aumento de la tarifa, escuchamos muchas posturas, algunas apoyando la medida o creyendo de forma ingenua que el alza del pasaje será igual a una mejora en la calidad del servicio. Como especialista en transporte público les puedo decir que esto es una gran mentira.

Quien quiera hablar sobre transporte público, debe de conocer la Ley de Transportes y la Ley de Vialidad del Estado de Puebla, ya que al hacer una comparación exhaustiva con leyes de otros estados encontramos que Puebla tiene una de las peores leyes del país, debido a que el contenido de la misma sólo regula la relación de concesionarios y gobierno, pero no se considera a los usuarios ni a los transportistas (personas que manejan el transporte público, choferes es un término despectivo por eso no será usado en esta columna).

Por eso es que aumentar la tarifa no nos da ninguna garantía, porque por ley, no hay claridad de responsabilidades. Si el gobierno quisiera hacer un cambio, necesitaría hacer una nueva ley de movilidad, que tenga como principios claros la sustentabilidad y seguridad en el transporte público.

Diariamente en Puebla tenemos 1,658,278 (un millón seiscientos cincuenta mil) viajes en transporte público, siendo esta la principal forma de movilidad en nuestro estado, como lo expliqué anteriormente. Si multiplicamos el reparto modal por los 2.50 pesos más que ganarán los concesionarios tenemos que al día los poblanos estaremos pagando $4,145,695 (cuatro millones, ciento cuarenta y cinco mil, seiscientos noventa y cinco pesos), y si multiplicamos esta cantidad por 30 tenemos que al mes los usuarios del transporte público estaremos dando $124,370,850 (ciento veinticuatro millones de pesos) a los concesionarios a cambio de nada, porque no hubo un acuerdo para cambiar de raíz todo el sistema de transporte público en el estado.

Transportistas: Derechos laborales inexistentes

Un elemento que perdemos de vista en el debate es la calidad de vida de aquellas personas que manejan diario el transporte público. En gran parte se debe a que los usuarios no empatizamos con aquellas personas que manejan mal y que arriesgan nuestra vida cotidianamente.

Lo que no sabemos es que los transportistas viven jornadas de trabajo inhumanas de hasta más de 10 horas, no tienen vacaciones claras, prestaciones, ni horarios fijos para alimentarse o ir al baño, muchos padecen cáncer de pulmón por respirar muchas horas seguidas el humo de su unidad sin verificar, además tienen que pagar el mantenimiento de su unidad y la propia gasolina que usen; por eso se van correteando, para obtener más pasaje y por ende mayores recursos, ya que tienen altas presiones por sacar la parte de su patrón más su sueldo que muchas veces no es completo.

Los transportistas no tienen derechos laborales claros y menos seguridad social; no tienen seguro de vida, como lo vimos en el caso de Manu, ya que el chofer fue abandonado por el dueño de la concesión durante el juicio. Los transportistas son utilizados por sus jefes —los concesionarios—, quienes con el alza de la tarifa les hacen creer que sus condiciones mejorarán, pero si eso no está contemplado en la ley, nunca será garantizado. Viven en abandono y sus condiciones laborales nunca cambiarán hasta que ellos mismos se organicen y sostengan diálogo con el estado sin intermediarios. ¿Se ha hecho público el incremento al salario de los trabajadores? No.

La gran contradicción

Recientemente escuchaba que en Países Bajos estaban cambiando su modelo eléctrico de transporte público para pasar a usar hidrógeno logrando así tener cero emisiones. Puebla está a años luz de tener transporte eléctrico, cuando sigue arraigado a tener carcachas destartaladas que ponen en riesgo la vida de los usuarios y, además, contaminan el medio ambiente.

Uno de los acuerdos frente al aumento que son una verdadera desgracia es que los concesionarios se comprometieron a poner “cámaras y GPS”, esto para modernizar sus unidades, pero en ningún momento se habla de cambiar de facto toda la unidad, lo cual viola la Ley de Transportes puesto que tienen de uso más de 10 años. Y es que uno de los grandes problemas es que tanto los concesionarios como los tomadores de decisiones se mueven diario en automóvil. ¿Cómo alguien que no usa el transporte público puede tomar decisiones sobre el mismo? Es natural la cantidad de ocurrencias sobre el transporte, ya que la mayoría vienen pensadas por personas que ni siquiera lo usan, mientras tanto los usuarios y el conductor somos los más fregados en esta ecuación.

Una de las consignas del gobierno de izquierda de MORENA fue pregonar por todas partes del país “primero los pobres”. Hoy puedo constatar que mientras otros países del mundo deciden bajar el precio del transporte público como medida para combatir el cambio climático, el gobierno del estado de Puebla da un tremendo retroceso y decide aumentar la tarifa, para inducir determinadamente el uso del transporte privado y, desde luego, mayor contaminación para el Estado.

Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.

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ManatíMX

Activista, Directora de Puebla Vigila, Consejera Ciudadana del Consejo de Movilidad de Puebla y estudiante de Literatura y Filosofía por la Universidad Iberoamericana Puebla.

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