Manatí

Pretende PT criminalizar la protesta en Puebla

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

OBSERVACIÓN DEL EDITOR: Esta nota fue actualizada el 24/06/20 a las 14:40 horas.

La diputada local Guadalupe Muciño Muñoz, representante del PT, pretendía promover una reforma al Código Penal para castigar con seis y hasta 10 años de prisión a las personas que durante una manifestación alteren o causen daños a inmuebles públicos.

Sin embargo, se retractó y retiró la propuesta de la orden del día de este miércoles 23 de junio, durante la sesión ordinaria del Congreso, por distintas críticas de organizaciones civiles.

La reforma planteaba de forma expresa que quien dañe, altere o destruya inmuebles y muebles durante una manifestación, “y se tuviere el rostro cubierto al momento de hacerlo”, la pena máxima pasará de cinco años de prisión a seis años de prisión.

Se especificaba que si el daño ocurre en inmuebles considerados patrimonio histórico, artístico o cultural, la pena pasará de seis a 10 años de prisión.

Para el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), la iniciativa era “retrógrada y ofensiva a los derechos humanos” y constituye un intento de criminalizar la protesta en el estado.

Se retracta tras críticas

Al mediodía, Muciño Muñoz emitió un comunicado para asegurar que la iniciativa había sido «malinterpretada», pues su intención era evitar la infiltración de grupos a protestas legítimas.

Y, en consecuencia, anunció que la iniciativa no sería presentada.

En los últimos años, colectivos feministas y organizaciones sociales han hallado en la pinta de inmuebles, mediante uso de aerosol o esténcil, un método eficaz de denuncia en contra de la violencia feminicida, la impunidad y la permanencia de leyes que acotan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

El Congreso del estado, no obstante, ha sido más bien reticente a reconocer estas manifestaciones.

A finales de septiembre, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, consideró como “acciones violentas” las pintas que, días antes, en el contexto del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, algunos grupos feministas efectuaron en la sede legislativa.

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