Guadalupe Juárez | @LupJMendez
Diana Celina González Hernández desapareció cuando tenía 24 años. Vivía en la ciudad de Puebla, y allí se le vio por última vez el 20 de diciembre de 2019, al salir de un bar con Sergio, un tipo que decía ser su amigo, pero que la habría asesinado.
Tres días después, Sergio apareció muerto en la Autopista el Sol con un disparo en la cabeza, y de ella encontraron algunos de sus restos a un kilómetro de ahí, a orillas del puente de Quetzalapa, Guerrero.
A la fecha, la Fiscalía General del Estado en Puebla no se ha coordinado con la de Guerrero para buscar los restos de Diana Celina; tampoco han esclarecido el feminicidio, ni siquiera han levantado indicios o investigado si ella sufría violencia.
La investigación ―como tantas otras― está a cargo de sus padres, quienes se han dedicado a intentar resolver cómo fue que le quitaron la vida a su hija.
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Gabriela Sánchez Martínez tenía 27 años. Vivía con su pareja, él la obligaba a prostituirse y era víctima de una red de trata de personas. Su cuerpo fue abandonado el 5 de mayo del año pasado en un terreno de la colonia San Salvador Puebla. Creían que su cuerpo correspondía al de un hombre y permaneció como desconocida 10 días, hasta que su madre la identificó.
La FGE maneja el caso como suicidio, aunque se trató de una muerta violenta. No se investigó desde un inicio como feminicidio, se desconoce cómo ocurrió su muerte, no hubo un levantamiento correcto de los indicios, el dictamen de la necropsia tiene deficiencias y menos una línea de investigación basada en la violencia de género que sufría.
La relatoría de estos crímenes los lee Patricia Becerril, madre de Zyanya Figueroa Becerril, quien exige que se investigue el caso de su hija como feminicidio. Esto le ha sido negado desde su muerte, el 15 de mayo de 2018, ya que la Fiscalía estatal sostiene la hipótesis inicial de que se trató de un suicidio.
Patricia fue acompañada por activistas nacionales que han tenido que recorrer, al igual que ella, calles de sus estados para exigir justicia en los feminicidios de su hija, como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en Estado de México por su esposo.
Su muerte se investigó como suicidio, hasta que la Suprema Corte Justicia de la Nación definió, con la serie amparos presentados por su madre tras el crimen, que toda muerte violenta de mujer tendría que investigarse como homicidio por razón de género.
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Y los testimonios continúan. Elizabeth Orea Méndez tenía 33 años y dos hijos que quedaron huérfanos en Puebla. Ella fue asesinada por su esposo Jorge el 14 de febrero de 2020, tres años después de que decidiera separarse de él. Ese día, Jorge se llevó a los niños en un automóvil, regresó a la casa de ella y discutieron, la asesinó y huyó con los menores.
Su cuerpo fue entregado dos días después, mientras sus hijos seguían con el feminicida, aunque se los regresaron a los abuelos paternos. Tardaron seis días más en liberar la orden de aprehensión, pese a que los vecinos lo señalaron como responsable.
Su hermana relató que personal de la Fiscalía les reprochó haber exhibido anomalías en la investigación del caso en un periódico y por eso les regresaron apenas hace un mes la casa de Elizabeth que había estado asegurada por las investigaciones.
Durante el mitin que llevaron a cabo frente al Congreso del estado el 1 de diciembre, y que luego se convirtió en una marcha hasta el Zócalo de la capital poblana, también las acompañó Mariana Osorio, madre de Lesvy Rivera asesinada en Ciudad de México.
“No vamos a dejar las calles, no vamos a dejar los edificios hermosos, porque nosotras si nos podemos organizar, porque nosotros todos los días tenemos noticias de unas mujeres que se suman a esta larga noche de impunidad y a la violencia que de por sí ejercen estos hombres violentos y se suman la violencia institucional”, expresó.
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Piden que fiscal de género comparezca en el Congreso
De acuerdo con asesoras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de los cuatro casos que asesoran en la entidad, han detectado que en ninguno se investiga con perspectiva de género, se carece de planes metodológicos para esclarecer los hechos, hay revictimización e incumplen con garantizar derechos a las víctimas indirectas.
Además, se han encontrado con errores, omisiones en los dictámenes periciales y técnicos y científicos para esclarecer los casos, retardos injustificados en la investigación, obstaculización en la participación de asesores legales y familiares en la investigación, falta de diálogo con las autoridades superiores investigadoras.
También es común que desde la Fiscalía de Puebla se sostengan hipótesis de suicidios y filtración de información sensible en la investigación de comunicación a terceros.
Lo anterior —afirmaron— se contrapone a lo declarado por el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, quien sostuvo que el 80% de los feminicidios en la entidad se han esclarecido.
Por lo anterior, las familiares de las víctimas y el OCNF pidieron al Congreso local citar a la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos y Violencia de Género contra las Mujeres, María Eugenia Calderón Olimán.
