El protocolo nacional obliga a autoridades estatales y municipales de Puebla atender a los menores de edad que quedaron huérfanos por feminicidio.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
El gobierno federal dio a conocer el 4 de agosto pasado el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.
En este documento se obliga a las autoridades a reconocer a los menores de edad desde el momento en el que se investiga la muerte de la posible víctima.
La atención estará en manos directas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como con sus homólogos locales y municipales.
En el caso de la entidad poblana el Sistema estatal DIF, cuya presidenta honoraria es Rocío Orozco, esposa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
También serán responsables cada sistema municipal DIF, ya que deberán dar albergue, alimentación, atención médica (entre enfermería, odontología, medicina general).
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Además de atención psicológica, pedagógica, de trabajo social, atención y acompañamiento en la vida cotidiana para superar pérdidas y duelos.
Este acompañamiento, tendrá como objetivo brindarles las herramientas para superar pérdidas y duelos para prevenir futuras violencias en el entorno en el que se desenvuelven.
La ruta para proteger a los menores huérfanos por feminicidio
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación se establece la ruta que deben seguir las demás autoridades para la atención de los casos:
- Al recibir una llamada al 911 o si una persona solicita apoyo de la autoridad de primer contacto (personal de seguridad pública), dará aviso al ministerio público.
- En caso de estar presenta una niña, niño o adolescente tendrán que notificar a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (En Puebla parte del SEDIF).
- Mientras el personal de seguridad pública tendrá que resguardar al menor, pedir atención médica o psicológica de ser necesario.
- Al canalizarlo a una sede ministerial, ya debe estar acompañado de personal de la Procuraduría.
- Ahí se debe hacer un diagnóstico de sus necesidades como alimentación, abrigo, atención médica o psicológica.
- En tanto, la Procuraduría tiene que localizar a sus familiares o redes de apoyo. Tendrá que dejar como última opción la institucionalización.
- Acreditarán el vínculo directo respecto de la víctima de un feminicidio o del homicidio de una mujer.
- El Ministerio Público tendrá que emitir medidas para el reconocimiento de la víctima.
- El gobierno federal, las autoridades estatales o municipales deberán de correr con los gastos funerarios de la mujer. asesinada. En este caso, la Procuraduría tendrá que velar porque este derecho no sea vulnerado.
Restitución de derechos
En el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio se establece un segundo punto llamado Restitución de Derechos.
Este será atendido por cada una de las Procuradurías estatales, en el que asignarán un representante jurídico para cada caso de orfandad por feminicidio que tendrá que evaluar si el menor está en una situación de vulnerabilidad.
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También si existe el riesgo contra su vida, libertad o integridad y será un área llamada de Restitución de derechos la que determine qué medidas implementar.
Un grupo multidisciplinario (conformado por personal en psicología, trabajo social, medicina y derecho) será el que lleve a cabo entrevistas, impresiones, revisiones, estudios, diagnósticos y observaciones del entorno físico y social del menos para identificar los derechos vulnerados.
Los menores tendrán que ser revisados por un médico, en presencia de algún familiar o persona de confianza, a excepción si la familia es la agresora.
¿Cuántos son?
De acuerdo con una revisión hemerográfica de Manatí, desde que en Puebla se tipificó como delito el feminicidio en 2013 hasta el 2020, hay por lo menos 166 hijos que quedaron en la orfandad cuando asesinaron a sus madres.
Basados en los casos que se han considerado feminicidios por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), se halló que en los últimos siete años asesinaron a 91 mujeres que eran madres.
De los menores que quedaron en orfandad, 33 de ellos presenciaron cómo asesinaron a sus madres, en 33 casos los agresores fueron sus propios padres.
Las edades oscilan desde recién nacidos, niños que van al preescolar, hasta jóvenes que tienen
entre 15 y 17 años.
