Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género impidieron el reconocimiento del matrimonio igualitario y se limitaron a reducir las penas por el delito de aborto, sin despenalizar su práctica.
Decenas de organizaciones civiles señalaron que la decisión de no despenalizar la interrupción del embarazo “remarca la contradicción en la apuesta del nuevo gobierno” para evitar la criminalización de las mujeres.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, cientos de mujeres salieron a las calles de Puebla para exigir la interrupción legal del embrazo en el estado.
El verde materializó en forma de mantas, pañoletas, maquillaje, ropa… en forma de mujeres, niñas, hombres, niños e incluso mascotas. Aquel distintivo era portado por todos.
El gobernador Miguel Barbosa
ha dado dos pasos a la derecha y ha optado por no legalizar el matrimonio igualitario ni la despenalización del aborto.
En el Congreso local se ha pospuesto de manera indefinida analizar y votar la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
El problema de la utilización de estos materiales gráficos es que muestran una imagen irreal de un embarazo de menos de 12 semanas -en esa etapa ni siquiera se nota- y del aborto
Las feministas llevaron al Congreso de Puebla argumentos científicos y legales para que la despenalización del aborto sea aprobada, pero los diputados no quisieron escucharlos. No quisieron o no pudieron.
Niñas y mujeres mexicanas cuyo embarazo sea producto de una violación podrán acceder interrumpir su embarazo de manera legal en hospitales públicos del país, así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al avalar la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005)
De acuerdo con el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alrededor de 69 mujeres fueron vinculadas a procesos penales por aborto durante 2009 a 2018.
