Por Mario Galeana / @MarioGaleana_
Si fuera posible ver un rostro a través de las estadísticas de violencia homicida contra la mujer, seguramente sería el de una muy joven, soltera, con estudios; una mujer que antes de ser asesinada supo de la muerte de otra, y de otra, y de otra.
Pero los datos de las víctimas que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece no son fiables. No sólo porque no coinciden con el recuento de homicidios o probables feminicidios que realizan organismos civiles, sino porque sus bases están incompletas: nos muestran un rostro difuso, inacabado.
Entre 2015 y 2017, por ejemplo, la FGE investigó 164 feminicidios de mujeres y 303 homicidios dolosos más. Pero sólo en el 58% de estos asesinatos fue posible determinar algo tan básico como el nivel de escolaridad de las víctimas. Y sólo en el 66% pudo acreditarse su estado civil. Y si hablamos de su ocupación, de la labor que hacían cada mañana o cada tarde antes del fin, sólo podría conocerse el del 47.5%.
Lo que podrían sugerir todas estas deficiencias en las averiguaciones sobre asesinatos dolosos de mujeres es que las autoridades rara vez investigan el contexto sociocultural de las víctimas.
La labor se reduce prácticamente a la escena del crimen. Se sabe, por ejemplo, la edad del 93.5% de todas las mujeres asesinadas entre estos tres años: el 36.9% eran mujeres de 16 a 30; el 26.4% tenían entre 31 y 45; el 13.8% iban de los 46 a los 60 años; el 10.8% eran mujeres mayores de más de 60; y la mitad, es decir, un 5.6%, eran chiquillas de menos de 15.
Se conoce, con una precisión que abruma, la forma de la muerte: casi un tercio fueron asesinadas con un arma de fuego. A 48 más les rompieron la vida a golpes. A 31 las estrangularon. A 57 las cortaron, las degollaron o las machetearon. A 23 las asfixiaron. Ahorcaron a nueve. Quemaron a seis. A una la mutilaron. A una la decapitaron. A dos las tiraron a una clase de precipicio.
Para el grupo de trabajo de la CONAVIM, la forma de estos asesinatos refleja alguna clase de sadismo que no se observa en los homicidios dolosos contra hombres.
“Existe una diferencia relevante por sexo, mientras que los homicidios contra hombres han sido perpetrados en su mayoría con arma de fuego (60 de cada 100 de ellos en 2016), entre las mujeres fue de 38.5%. Existe una mayor proporción de mujeres que fueron ultimadas por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, en un 26.0% de los casos. Entre los hombres, mientras tanto, estas agresiones se presentaron en 3.4% de los casos”, indica el informe que la Conavim presentó el 26 de junio de 2018 sobre la solicitud de Alerta de Género en Puebla, documento del cual provienen las serie de cifras oficiales mencionadas en este texto.
No es difícil suponer que la falta de conocimiento del contexto sociocultural de las mujeres asesinadas propicie la impunidad de estos crímenes. Entre los 164 feminicidios registrados de 2015 a 2017, el 36% no ha sido resuelto.
Pero estos asesinatos son tan sólo la punta más visible de un complejo fenómeno de violencia. Entre este mismo periodo de tiempo, la Fiscalía de Puebla inició por lo menos 21 mil 193 averiguaciones por delitos cometidos contra mujeres y niñas.
Los más comunes son los delitos de violencia familiar, lesiones, violación, ataques al pudor, estupro, acoso sexual, hostigamiento, violación tumultuaria y plagio: una especie de collage del horror de la violencia hacia ellas.
No sorprende que al menos el 89% de las mujeres que habitan la capital haya conocido el caso de una mujer asesinada, o que el 87% haya escuchado sobre la desaparición de otra, de acuerdo con el Estudio de experiencia a víctimas de violencia contra las mujeres en Puebla 2017, desarrollada por Möller Investigación e Inteligencia.
Y claro: siete de cada 10 creen que nunca –o casi nunca– se detiene a los culpables.
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