Argentina, el país donde más de 2 mil militares han sido acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entre 1976 y 1983, volverá a utilizar a sus fuerzas armadas para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.
Tras la dictadura, las fuerzas militares se habían apartado de las tareas de seguridad. Pero el 30 de julio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto a través del cual se hizo oficial la reforma a las Fuerzas Armadas Argentinas que el presidente Mauricio Macri anunció unos días antes. El decreto contempla que los militares custodien objetivos estratégicos para la seguridad, brinden apoyo logístico en las fronteras y colaboren con la seguridad interior.
Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil argentina se han manifestado en las calles en contra de esta estrategia de seguridad bajo la consigna “Fuerzas Armadas represivas, ¡nunca más!”. Un grupo de diputados de la coalición kirchnerista Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto firmado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que viola las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Este proyecto se debatirá en la Cámara de Diputados el 8 de agosto de 2018, el mismo día que el Senado votará por la legalización o no del aborto en el país.
Estrategias de seguridad similares se han visto en otros países de la región como México, Colombia y El Salvador. De acuerdo con el informe regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en disminuir los niveles de violencia y delito, además de que han tenido un impacto profundo en el respeto a los derechos humanos. Según el documento, el uso de la fuerza viene con repercusiones negativas como el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de las cárceles, violación a los derechos humanos y el abuso de autoridad.
Alejandro Hope, analista de seguridad mexicano, habló en entrevista con Distintas Latitudes y dijo que cuando se implementan este tipo de estrategias “lo que muestra es una debilidad estructural en buena parte de la región de parte de las fuerzas policiales, la incapacidad de las fuerzas policiales de controlar el territorio”. En su opinión, el ejército debería encargarse de las tareas de seguridad interior únicamente en casos de emergencia y excepción. “No están capacitados para realizar este tipo de tareas, su formación es de otro tipo. El ejército es un instrumento que se utiliza para enfrentar a un enemigo. Su lógica es de confrontación, no de contención”. Añadió que si se despliega al ejército en las calles debe existir un marco institucional que norme la participación de las fuerzas armadas, plazos temporales muy claros, mecanismos de observación y vigilancia ciudadanos, y recursos para el fortalecimiento de policías y fiscalías.
De no hacerse de esta manera, Alejandro Hope considera que puede generar una escalada en la violencia, pues los grupos criminales se adaptan a la presencia del ejército y pueden, por ejemplo, escalar sus capacidades de armamento. También puede dificultarse el desarrollo de capacidades civiles, especialmente en niveles subnacionales, pues no hay incentivos para fortalecerlas si se puede recurrir a las fuerzas militares. Además, la imagen del ejército puede dañarse y las fuerzas armadas se ponen en riesgo de corrupción al entrar en contacto con actores criminales que pueden infiltrar la institución. Finalmente puede llevar a la militarización de las fuerzas civiles, pues la gente lo ve como el modelo a implementar.
En este Laboratorio, el equipo de Distintas Latitudes retoma las experiencias que han tenido El Salvador, Colombia y México al adoptar políticas de seguridad utilizando fuerzas militares. Si bien cada país tuvo y tiene su contexto muy particular, coincide el impacto que que estas estrategias han tenido en materia de derechos humanos.
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Fotografía: Alma Ríos