Por Mario Galeana / @MarioGaleana_
La vida en tres municipios de la Sierra Negra cambió hace dos años, cuando la empresa minera Autlán hizo públicas sus intenciones de construir una hidroeléctrica para usar el agua de los ríos Coyolapa, Huitzilatl y Atzala.
Su caudal esmeralda recorre los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y San Sebastián Tlacotepec, y después se dirige a Veracruz, donde desembocan en el río Tonto, uno de los más importantes del país.
La empresa Autlán, que forma parte del Grupo Ferrominero de México (GFM), logró cooptar a los alcaldes de Zoquitlán y Tlacotepec, Fermín González y Cirilo Trujillo, respectivamente, y a algunos de los líderes de las comunidades en donde se requiere la instalación de la hidroeléctrica.
Pero la construcción de este proyecto no se ha realizado porque, mientras los representantes de Autlán realizaban comilonas en las que repartían cervezas y carnitas entre la población, además de que construían otra clase de acuerdos –aún desconocidos- con las autoridades municipales, un sector de la población indígena de estos municipios vio con recelo la construcción de la hidroeléctrica.
Los pobladores buscaron a algunas organizaciones –como la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)– y descubrieron que el proyecto provocaría un agudo daño ambiental en la Sierra Negra, además de que su derecho a la consulta como comunidades indígenas había sido violado.
Desde entonces, la población de aquella región, sobre todo de Zoquitlán y Tlacotepec, han vivido un significativo cambio en su forma de vida, no sólo porque pasaron de ser campesinos a activistas que conocen a la perfección los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo que refiere a la consulta, sino por el peligro que ello conlleva.
El conflicto entre los pobladores, la empresa y las autoridades municipales ha llegado a un pico en días recientes, cuando el movimiento indígena denunció la desaparición de uno de sus principales líderes.
Se trata Sergio Rivera Hernández, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del jueves 23 de agosto. Según el vocero de MAIZ, Omar Esparza, hay testigos de que, aquel día, Rivera Hernández era perseguido por una camioneta Nissan blanca mientras se dirigía a la comunidad de Coyolapa, Zoquitlán, una de las regiones centrales para la edificación de la hidroeléctrica proyectada por Autlán.
En una desviación del camino se halló la motocicleta de Sergio arrollada, y es la única pista que se tiene de su paradero.
Por su desaparición, el movimiento de resistencia ha culpado a Autlán, a los alcaldes de Zoquitlán y Tlacotepec, y ha exigido la presentación con vida de su compañero de lucha.
A esta exigencia se ha sumado el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que hace unos meses arropó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio, mejor conocida como “Marichuy”.
En noviembre del año pasado, en plena caravana por distintos puntos del país, Marichuy viajó a Tehuacán para denunciar tanto el daño ambiental que supondría la edificación del complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, como el peligro en el que se encontraban los defensores del territorio de la Sierra Negra.
No fue una advertencia basada en simples suposiciones: México es el cuarto país del mundo más “mortal” para los defensores del ambiente, de acuerdo con un reporte publicado en marzo por la organización Global Witness y el periódico británico The Guardian.
De marzo de 2016 a noviembre de 2017, en México se cometieron 29 asesinatos contra defensores del bosque y el medioambiente”.
En ese contexto ocurre la desaparición de Sergio Rivera: en la de un país en donde suele asesinarse por la tierra, por el agua.
