El 24 y 25 de noviembre el gobierno electo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, realizará una consulta nacional para preguntar sobre varios temas, entre ellos si las personas con alguna discapacidad deben o no recibir una pensión.
Académicos, activistas y colectivos consideraron que ésta es discriminatoria porque no se dirige a este grupo y los formatos que se utilizarán no son accesibles, por lo que resulta contraria a los estándares internacionales. Además, reiteraron que la pregunta está mal planteada debido a que no corresponde al contexto que viven.
Al no consultar a las personas con discapacidad respecto a sus necesidades principales la propuesta no atiende al contexto nacional de la problemática social de la discapacidad ni brinda elementos para que la misma se desarrolle en términos de las obligaciones del Estado Mexicano en la materia. No es accesible, se puede leer en el comunicado.
Ante esta situación, además de eliminarla de la consulta, pidieron que se generen procesos de participación efectiva y accesible en los que se defina una agenda por y para las personas con discapacidad que atienda a las necesidades del grupo.
A continuación reproducimos el mensaje.
México, 21 de noviembre de 2018
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Señor Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Los días 24 y 25 de noviembre se realizará una consulta respecto a diversas propuestas que usted ha planteado, entre otras, una pregunta específica sobre personas con discapacidad. De acuerdo con la pregunta 8 se someterá a consulta si es o no adecuado proporcionar una pensión a un millón de personas con alguna discapacidad.
Al respecto, le solicitamos que la citada pregunta no sea incluida por los siguientes motivos:
- La pregunta es discriminatoria porque no está dirigida específicamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en formatos accesibles por lo que resulta contraria a los estándares internacionales y a las obligaciones de no discriminación que rigen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México está obligado a celebrar consultas estrechas y a colaborar activamente con las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad.
En virtud de lo anterior, el procedimiento de consulta al que usted convoca no es consistente con los estándares internacionales ni atiende al principio de igualdad y no discriminación, toda vez que no está dirigido específicamente a las personas con discapacidad sino al público en general. Lo que genera que otros decidan sobre situaciones que afectan directamente a personas con discapacidad.
Además, con base en el ejercicio de consulta anterior, el proceso y las instalaciones donde se realizará no resultan accesibles, y tampoco existen materiales que permitan la participación de todas y todos sin discriminación ni se ha difundido información previa respecto a los alcances de la propuesta que se somete a consideración.
En este sentido, no se cuenta con información accesible que permita tomar una decisión motivada respecto a la propuesta que se somete a votación sin sesgos ni prejuicios.
- La pregunta está mal planteada porque no corresponde al contexto de las personas con discapacidad en el país
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Lo anterior, entre otras cosas, significa que la política pública y los programas de atención a la discapacidad necesitan ir dirigidos a garantizar sus derechos, su participación e inclusión. Sin embargo, el someter a votación de la población en general si deben o no recibir una pensión no atiende a ello. Por el contrario, resulta una visión asistencialista que no atiende de fondo ni de manera estructural a las necesidades de la población con discapacidad.
En el país, la población con discapacidad es de alrededor de 8 millones de personas y con información a 2016 hubo 4.9 millones de personas con discapacidad que no contaron con ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos[i]. Por lo que la propuesta de una pensión a un millón de personas con discapacidad resulta insuficiente.
Desde nuestra perspectiva la propuesta no considera las constantes violaciones a los derechos de las personas con discapacidad entre otros sus derechos a la educación, al trabajo, al acceso a la salud. Por el contrario, la consulta robustece las concepciones basadas en estereotipos y prejuicios relativos a que las personas con discapacidad no contribuyen a la comunidad.
Además, tampoco considera la perspectiva de género, cuando en el país, las mujeres corresponden al 60% de la población con discapacidad y una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más.[ii]
Al no consultar a las personas con discapacidad respecto a sus necesidades principales la propuesta no atiende al contexto nacional de la problemática social de la discapacidad ni brinda elementos para que la misma se desarrolle en términos de las obligaciones del Estado Mexicano en la materia. No es accesible.
Así, no solo somete a discusión general temas que en primera instancia necesitan ser consultados a las personas con discapacidad, sino que el proceso de participación los excluye al no brindar accesibilidad, como podría ser información en Lengua de Señas Mexicana, formatos braille, instalaciones accesibles, información previa y sin estereotipos.
Consideramos que la participación en la esfera pública funciona como una herramienta para contrarrestar la aniquilación simbólica de la que las personas con discapacidad han sido objeto. Ello, en la medida en que su voz, intereses, y necesidades son incorporadas a la agenda pública y la toma de decisiones. Así, desde un modelo social de la discapacidad no se trata de decidir sobre las personas con discapacidad ni de indicarles qué es lo que necesitan; sino por el contrario, se trata de que la participación sea en si misma un instrumento de cambio social y que ellas participen en las decisiones que les afectan.[iii] Pero para ello, es indispensable que los espacios de participación se desarrollen sin discriminación y con accesibilidad universal para que todas y todos participen en igualdad de condiciones. Situación que no se garantiza en el ejercicio que usted propone.
Por ello le solicitamos que no se someta a votación la pensión a personas con discapacidad. En cambio, le proponemos que se generen procesos de participación efectiva y accesible en los que se defina una agenda por y para las personas con discapacidad que atienda a las imperiosas necesidades del colectivo y que sea acorde con los estándares de derechos humanos, y que con base en ella y sin discriminación se generen políticas públicas y acciones gubernamentales que reduzcan la desigualdad a la que se enfrentan las personas con discapacidad.
Consideramos fundamental no olvidar el lema que distingue a los colectivos de discapacidad Nada de nosotras sin nosotras.
Acompañamos esta carta:
[i] CONEVAL, Informe de Pobreza en México 2014, pág. 70
[ii] Transversal, Informe sombra sobre la situación de mujeres con discapacidad en México, 2018.
[iii] Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/31/62 [2016] párr. 28
- Colectivos y Organizaciones
Coalición de Personas Sordas A.C
Colectivo la DisCAPACIDAD nos une
Disability Rights International
Accessibility Lab
Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.
Todos somos Diferentes
Fundación Owen IAP
Arropados A.C.
Asociacion de Sordos del Estado de Campeche
- Académicos y Activistas
Rogelio Martínez Cárdenas
Sergio Méndez Silva
Alejandra Donají N.
Moisés García Rojas
Luis A. Zea Jiménez
Sandra Padilla
Miriam Córdova
Cecilia Guillén
Grecia Guzmán Martínez
María Guadalupe Castro Zaragoza
Nancy Reyes Flores
María Teresa Fernández
Karina Salazar Negrete
Blanca Estela Ramírez Quintana
Mariana Martínez Castillo
Montserrat Elizondo Cuestas
Márgara Bravo Mariño
Jhonatthan Maldonado Ramírez
Jessica Paulina Martín del Campo Aguilar.
Isabel Del Castillo Solís
Paola Herrera Santamaria
Héctor Ortiz Elizondo
Irene Juárez Ortiz
José Clemente Garrido Medina
Laura Alejandra Álvarez Suárez
Lucía iturbe ruiz
Agustín Marte Pérez Córdova
Susana Gómez Hernández
Beatriz Vargas
Jose Antonio Escalante Alonzo
Carlos Alberto Campos Almeyda
No estoy de acuerdo que se cuestione el punto 8 de la consulta, puesto que no está a discusión ,las personas trabajadoras que tenemos una discapacidad nos cuesta el doble o más ganarnos un peso, y el estado debe garantizar nuestra inclusión en esta saciedad.