Por Mario Galeana / @MarioGaleana_

La constancia de mayoría que se entregó a Martha Érika Alonso Hidalgo está a punto de ser revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La decisión de los magistrados federales, que tendrá que tomarse antes del 15 de diciembre, se ciñe a dos caminos: convocar a nuevas elecciones en el estado o ratificar a la panista como gobernadora electa.

Al margen de esta decisión, quien surja como el siguiente gobernador de Puebla compartirá el poder con un personaje cuya carrera política recién empieza: Rodrigo Abdala Dartigues.

Hasta hace tres años, Rodrigo era sólo un licenciado en Derecho por la UDLAP que había trabajado, sobre todo, en órganos y tribunales electorales locales. Su formación profesional indicaría eso: que se preparaba para ser funcionario electoral, más que político. Pero su reciente nombramiento como coordinador del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en Puebla lo sitúa entre los principales rostros del círculo rojo —un rostro joven, de 38 años— y en la disputa por la sucesión del gobierno estatal de 2024. Porque la política es un círculo: lo que se pelea hoy se peleará en seis o 12 años, de la misma forma en que se peleó hace 70.

El meteórico ascenso de Rodrigo está relacionado a su tío político, Manuel Bartlett Díaz. De Bartlett se cuentan tantas cosas, algunas siniestras, pero ninguna lo ha apartado del oído de López Obrador.

Tío y sobrino trabajaron juntos por primera vez en 2012: el primero como senador de la República y el segundo como secretario particular del mismo senador. En 2015, Abdala fue nombrado representante de Morena ante la junta local ejecutiva del INE, aunque su designación duró poco, porque durante la campaña federal de ese año fue incluido en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales. No necesitó un solo voto para llegar al Congreso de la Unión.

A partir de entonces, él y Gabriel Biestro Medinilla, actual coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, compartieron la conducción del partido en Puebla. Se encargaron, sin mucho éxito, de campañas de afiliación masiva y de la creación de comités municipales en todo el estado. Su primera prueba llegó en la elección de 2016, y fracasaron. Su candidato al gobierno del estado, un académico con poca gracia pero mucha simpatía al interior del partido, Abraham Quiroz Palacios, obtuvo menos del 10% de los votos.

Este año Abdala  trató de ser candidato al gobierno de Puebla. Controlaba un tercio del Consejo Estatal de Morena y, por eso, no fue sorpresivo cuando este órgano partidista lo nominó a la candidatura. Pero sus intenciones fueron desplazadas por Miguel Barbosa Huerta, un senador ex perredista que venía de ser presidente de la Mesa Directiva del Senado, a quien el partido terminó eligiendo como candidato.

La polémica del fideicomiso

Rodrigo aceptó los resultados sin pataleos, quizá porque sabía que la dirección nacional de Morena, que para entonces ya contaba con cálculos sobre el inminente triunfo de López Obrador, reservaba funciones para él.

La primera fue nombrarlo encargado de la entrega de recursos que Morena realizó en Puebla para los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Sin embargo, la forma discrecional en que el partido repartió el dinero lo situó como objetivo de acusaciones de corrupción. Los señalamientos no fueron ociosos: Morena dijo haber repartido en Puebla 10 millones 387 mil pesos hasta marzo del año pasado, pero la lista de los supuestos beneficiarios no se hizo pública. Lo que sí se hizo público por filtraciones a los medios fue la lista de 30 cheques bancarios por 12 millones 362 mil pesos que Abdala y cuatro de sus colaboradores cobraron del fideicomiso “Por los demás”, en el cual Morena reunió los recursos para la reconstrucción. Rodrigo dijo que estos cheques, sin embargo, fueron repartidos entre poco más de mil 300 personas; alrededor de 2,400 pesos a cada una.

La irregular repartición de este dinero, que ocurrió justo dos meses antes de que iniciaran las campañas electorales, destapó una discusión nacional en la que el INE acordó multar a Morena con 197 millones de pesos, mientras que el TEPJF deliberó cancelar dicha penalización. La decisión de los magistrados no dejó de ser vista con sospechosismo, pues el triunfo de López Obrador ya asomaba en todo el país.

El superdelegado

Los pronósticos no erraron: López Obrador ganó la presidencia con más de 30 millones de votos y se convirtió en el presidente más votado de toda la historia.

El tabasqueño había delineado un nuevo esquema de coordinación entre el gobierno federal y los estados antes de las elecciones del 1 de julio: la de reemplazar a todas las delegaciones de las secretarías federales, por una sola coordinación que representara a Los Pinos en cada estado.

Y así surgieron los superdelegados, personajes que concentrarán los programas, acciones, funciones, supervisión de servicios del gobierno federal. López Obrador justificó su propuesta al asegurar que consistía en una “simplificación administrativa”: ¿por qué tener 2 mil 300 delegaciones en el país cuando pueden existir sólo 32?

La crítica de la oposición fue inmediata, pues no sólo se trataba de la posible invasión de funciones hacia las autoridades locales, sino de una estrategia político-electoral. Porque López Obrador nombró como delegados a personas que fueron candidatos al gobierno estatal o que, al menos, lo habían tratado. Como Rodrigo Abdala.

Una manera de acortar el paso: de pelear una elección seis años antes de que se realice.