Manatí

Por Alexia M. Montalban / @AlexiaMtzM

En los últimos meses  miles de personas han atravesado México de sur a norte y, con su paso, nos han cuestionado sobre la postura de nuestro país ante una situación humanitaria tan compleja como ésta. También nos ha llevado a preguntarnos sobre el tipo de acciones que deberíamos de tomar como ciudadanía al compartir el espacio público con otras personas latinoamericanas que han decidido que arriesgar la vida en esta travesía, es la alternativa que les queda ante una realidad tan violenta que hoy se respira en su país.

Según el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de diciembre del 2018, 7 mil personas conformaron la primera caravana migrante; la mayoría provenía de Honduras, sin embargo también había personas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Honduras es el país integrante del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) que ha expulsado a más personas dentro de estas tres caravanas, por lo que sería necesario conocer las condiciones que hoy han llevado a los hondureños a salir de su país con una mochila a cuestas.

Valdría la pena recordar que este país centroamericano tuvo su primer gobierno civil hasta 1981 después de haber atravesado décadas de dictaduras y golpes de estado; en esta misma década se gesta el conocido escándalo de La Contra, movimiento que fue financiado y entrenado por Estados Unidos para derrocar al gobierno Sandinista del país vecino. Desde varias décadas, la influencia económica y política de Estados Unidos fue importante ya que llegó a controlar dos tercios de las exportaciones bananeras de Honduras con la United Fruit Company.

El Siglo XXI inicia en Honduras con un llamado de las Naciones Unidas debido a asesinatos extrajudiciales de cientos de niños y adolescentes, así como un importante crecimiento de las Maras que nutrieron sus filas de jóvenes que fueron deportados por Estados Unidos en la década de los noventa. Estas son unas de las tantas formas en las que la violencia ha sido brutalmente normalizada y que ha logrado rebasar las capacidades del Estado en varias regiones de Honduras.

No debería sorprender el hecho de que el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) haya sido considerado como una región altamente violenta en 2013 por el Estudio Mundial sobre Homicidio que argumentó que las muertes en esta zona son equiparables a las de países en donde hay un conflicto armado formalmente declarado. Los tres países que conforman este Triángulo han sido clasificados como los más violentos dentro de varias investigaciones debido a sus altos índices de homicidios dolosos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) suspende a Honduras en 2009 después de un golpe de Estado en el que el presidente Manuel Zelaya es expulsado del país por los militares que fueron apoyados por la Corte Suprema de Justicia al declarar ilegal una consulta que estaba promoviendo el presidente para reformar la constitución. Crisis políticas de este tipo abonan a la inestabilidad hondureña que trasciende las instituciones y se siente en las calles donde hay protestas y levantamientos que fueron censuradas con la declaración de toque de queda por 48 horas, así como la detención de periodistas y prohibición de transmisión de cadenas internacionales.

Hoy Honduras tiene como presidente a Juan Orlando Hernández, quien ha sido el primer presidente que busca la reelección desde que se restauró la democracia en el país en 1981. Hernández pudo participar en las elecciones gracias a que en 2015 logró que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el artículo que prohibía la reelección. Así Hernández ganó la presidencia con una ventaja de 1.7% de los votos, pero con un proceso electoral en el cual los ciudadanos fueron brutalmente reprimidos por fuerzas de seguridad según un informe de Amnistía Internacional.

Ante las irregularidades experimentadas en la elección del 2017, la OEA pidió que volviera a haber elecciones para tener certeza sobre los resultados, pero a pesar de las solicitudes de diferentes organizaciones, Hernández se mantuvo en la presidencia de uno de los países más desiguales del continente.

La desconfianza que los hondureños sienten ante las autoridades incrementó con este proceso electoral que fue cuestionado por tantas acusaciones de fraude, pero sobre todo por la represión a las protestas masivas del 29 de noviembre donde se reportó que al menos 31 personas murieron como resultado del uso excesivo de la fuerza. Las autoridades hondureñas impusieron un toque de queda por diez días y el mismo informe indica que hubo casos que podrían constituir tortura, así como tratos crueles por parte de las autoridades.

Así inició el segundo mandato del hoy presidente de Honduras, país que expulsa ciudadanos que escapan del riesgo que representa su país.

Esta violencia generalizada que impera en el país antes mencionado afecta a las y los defensores de los Derechos Humanos quienes sufren intimidaciones, amenazas y ataques por parte del Estado y sujetos no estatales.

Un caso importante es el del asesinato de Berta Cáceres en 2016, quien era defensora ambientalista indígena. Este caso simboliza la situación de Honduras donde, según Oxfam, “101 activistas fueron asesinados entre 2010 y 2014 debido a su lucha contra empresas transnacionales”. Berta defendía la tierra de un proyecto para construir la presa de Agua Zarca que es sagrado para los lenca, lo que provocó que sufriera amenazas e intimidaciones.

De este país donde los intereses económicos y de empresas privadas pueden llegar a quitar la vida de defensores de Derechos Humanos; donde salir a la calle es un riesgo constante debido a los grupos criminales y las mismas autoridades que además experimenta un momento político de poca legitimidad donde un presidente se reeligió por la fuerza y el encierro de los ciudadanos por diez días, es de donde vienen escapando los hondureños que hoy pasan por México; país que enfrenta sus propios problemas de violencia estructural y desigualdad histórica.

Las cifras de las recientes caravanas pueden sonar escandalosas y la atención internacional ha abonado a esto, así que conocer el contexto hondureño que expulsa a familias enteras podría ser muy necesario para que, tanto el gobierno mexicano como los ciudadanos tomen postura y acción con una perspectiva que vaya más allá de las cifras. Cada hondureño que atraviesa nuestro país carga en su mochila el peso de una historia que atenta contra la vida, valdría la pena recordar esto cuando los encontremos en el camino.

Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.

Fotografía de portada Arturo Reyes.

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