Manatí

Los que buscan: testimonios de familiares de desaparecidos en Puebla

Por: Guadalupe Juárez / @LupJMendez

María Luisa buscó el 29 de abril de 2017 a su hijo Juan de Dios en todas las comandancias cercanas a Palmar de Bravo —de donde son originarios—, en las bases militares que había en la zona, en el arco de seguridad, en Tecamachalco, en Serdán, en Cañada Morelos, en Esperanza, en Tehuacán, en la capital poblana, y la respuesta siempre fue la misma: en ningún lugar había rastros de su hijo desaparecido una noche antes.

Ese viernes fue la última vez que escuchó a su hijo. Era una voz lejana, que por teléfono le decía que estaba en un retén militar instalado en la carretera. Cuando lo escuchó por su mente cruzó cualquier escenario, menos el de ya no verlo más.

Cuando denunció la desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en lugar de encontrar apoyo y esperanza, sólo vio ineficacia y una torpe atención ante su caso, que llevó a la pérdida de los únicos indicios con los que podían dar con el paradero de Juan de Dios.

Lo mismo le sucedió a Cristhina, a Sara, a Susana, a Ausencio, a Griselda, a Patricia, a Victoria y a Javier, familiares de personas desaparecidas en la entidad poblana en los últimos años, quienes en lugar de respuestas se toparon con impunidad y criminalización.

Ellos, junto a María Luisa, conformaron el colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla para hacer lo que no han podido las autoridades: buscar hasta debajo de las piedras a sus seres queridos.

Manatí te presenta algunas de sus historias:

 

MICHELL JIMÉNEZ TOXTLE

Desde el primer minuto en que Griselda Toxtle intentó apoyarse de las autoridades para buscar a su sobrino Michell Toxtle, sólo se encontró con criminalización.

Era un 20 de febrero de 2016, dos días después de que Michell desapareciera. El Ministerio Público pidió a la tía que primero buscara con sus amigos, en los lugares que frecuentaba, en todas partes. Cuando no lo encontraron, pudieron levantar la denuncia, pero un día después.

Sin embargo, cuando Griselda llegó al ministerio público de San Andrés Cholula a denunciar la desaparición de su sobrino Michell, la persona que lo atendió al ver la fotografía le dijo que era “simpático”, que seguro se había ido de fiesta y que aparecería después de unos días. Otro, le dijo que seguro era gay. Uno más, que se pudo haber ido de “mojado” a Estados Unidos.

“Yo les respondí: sea lo que sea, quiero que ustedes lo busquen. La verdad se portaron muy mal, no sienten lo que es el momento cuando tenemos un desaparecido, empiezan a cuestionar en lugar de que lo busquen en ese momento. No buscan a la persona. Si es buena o mala, yo quería que lo buscaran”.

El último contacto con Michell fue un mensaje de texto a su tía, un 18 de febrero, cuando le pidió una recarga telefónica. Griselda fue al Oxxo y recargó el teléfono de su sobrino, como lo hacía en varias ocasiones, pero al pedirle que le confirmara que la había recibido, él ya no respondió.

Cuando fue a su trabajo a buscarlo, sus jefes le entregaron los documentos de Michell y le dijeron que había pedido permiso para visitar a un tío, pero nunca llegó con él.

Desde esa fecha, lo han querido buscar en otros estados que colindan con Puebla, pero la falta de convenios con aquellas autoridades les han dificultado acceder a sus bases de datos para identificar los cuerpos clasificados como desconocidos.

La búsqueda se complica al interior de la FGE, que aunque cuenta con los resultados de varios estudios de ADN, tampoco pueden acceder a ellos, pues los servicios periciales requieren la presencia del Ministerio Público, el cual se ha negado en diversas ocasiones a ir.

 

NADIA MORALES ROSALES

Nadia, con 17 años de edad, desapareció el 27 de octubre de 2017, cuando iba a la escuela.

Desde ese día, sus padres se han enfrentado a la burocracia de las instituciones y al no saber nada de su hija, al igual que más de 2 mil familias de los casos de desaparecidos en la entidad concentrados de 2014 a 2018.

Victoria Rosales Camacho y Javier Morales Flores, padres de Nadia, relatan que desde el día de la desaparición de su hija han sufrido un calvario.

Al levantar la denuncia, en la FGE les dijeron que no era necesaria una alerta pese a ser menor de edad, pues “su vida no corría peligro”.

Para ellos, sus padres, el sólo hecho de que Nadia fuera una mujer menor de edad era suficiente para que la buscaran, pues Puebla es un estado donde hay casos de trata de personas.

Sin embargo, su búsqueda por saber qué pasó con su hija —vista por última vez en la colonia Lomas de San Miguel—, los ha llevado a descubrir que las cámaras del transporte público habilitadas en la unidad de transporte que abordó la joven el día que desapareció, simplemente, no sirven.

Tampoco han sido de utilidad las cámaras instaladas en la vía pública, pues de los registros obtenidos día a día, sólo falta el de ese 27 de octubre.

La falta de acceso a la justicia se incrementa al no tener los suficientes recursos para acudir a la Unidad especial de la FGE, que se encuentra en la 11 Sur, después del Periférico Ecológico, pues para ir deben de pagar tres pasajes del transporte público, recursos que no pueden reunir tan fácil después de concentrar todos sus esfuerzos a la búsqueda de Nadia.

 

ELIGIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Eligio salió de su casa la noche de El Grito de 2016 a ver a una amiga, pero ya no regresó. Su hermano, Ausencio Hernández, acudió a las autoridades de Tepexi de Rodríguez —de donde son originarios— para denunciar la desaparición. Pero la respuesta fue que tenía que viajar a Tehuacán, en donde las autoridades tomarían el caso.

Ausencio interpuso su denuncia. Hubo una tardanza que lo asfixiaba. Los agentes de investigación simplemente no avanzaban. Y lo único que pudo ocurrírsele fue darles dinero, ofrecerles para «el refresco».

“Lo que yo quería era que peinaran barrancas, que revisaran llamadas de mi cuñada, porque ella no buscó a mi hermano; algo, cualquier cosa… si yo me doy una idea y no es mi trabajo, ¿entonces por qué ellos no pueden?”.

Con el paso del tiempo y al ver que no comenzaban la búsqueda, Ausencio llegó a la capital poblana, directamente a la Fiscalía General del Estado, pero nada mejoró: querían regresar su caso a Tehuacán.

Desesperado para que alguien le hiciera caso, fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con diputados, con políticos, a la Ciudad de México, con cualquiera que le diera algún número y la promesa de ayudarlo a encontrar a su hermano.

Ante la falta de respuestas, decidió buscar con sus propios recursos en varios anfiteatros, aunque dejara a su esposa que padece diabetes y su trabajo en una cocina económica.

 

AURELIO ALFONSO SOLÍS CASTAÑEDA

Patricia Solís busca a Aurelio, su hermano, desde el jueves 8 de septiembre de 2016, quien desapareció junto a su novia África Quiroga Costa.

Los dos fueron vistos en la terminal de autobuses junto a un profesor del tecnológico de la zona, donde la pareja estudiaba. Sin embargo, ninguno de los tres regresó a sus casas.

Las tres familias acudieron al MP de Xicotepec, pero las investigaciones no avanzaban. El caso fue turnado a la Casa de Justicia de Huauchinango, a donde para saber de cualquier indicio o avance, tenían que viajar y, con ello, gastar los pocos recursos con los que contaban.

Así, comenzaron a gastar los pocos ahorros con los que contaban. Luego empezaron vender las cosas. «nos quedamos en la calle”, cuenta.

La ineficacia de las autoridades se volvía visible con cada trámite: las autoridades se tomaron seis meses para tomar muestras del ADN de Aurelio y, con el cambio de cinco ministerios públicos, descubrieron que nunca enviaron las muestras a los demás lugares para que pudieran identificar a su hermano, en caso de que se encontrara como desconocido en algún anfiteatro del país.

A la par, Patricia y su familia buscaron a Aurelio en las Semefo de Veracruz, en todos los municipios al norte del estado de Puebla, pero no tuvieron éxito.

Como familiar —cuenta— “tienes que hacer el trabajo de buscador, ya no tienes vida, todo el tiempo vives con estrés, angustia e incertidumbre”.

 

OLIVIA CRISTINA CARAMILLO VIVEROS

Olivia desapareció una tarde de 2016. La última persona que la vio fue una de sus tres hijas. Recuerda que vio a su madre sacar su bicicleta, tomar una bolsa de mandado con su cartera y una carpeta donde tenía información de los clientes de una financiera para la que trabajaba en Tehuacán.

Su hermana, Gloria Caramilla Viveros, relata que pidió a la financiera la información de la cartera de clientes, para saber con quién pudo haber acudido ese día.

Pidió a las autoridades que rastrearan las llamadas con las compañías telefónicas, para saber si llegó al lugar adonde iba o si la interceptaron en el camino, pero a la fecha siguen sin acceder a esa información.

Su hermana buscó y enumeró cada una de las cámaras en las calles donde vivía su hermana, para que pudieran saber más, pero la burocracia de la FGE hizo que revisaran las grabaciones un mes después: demasiado tarde para unos dispositivos que sólo poseen capacidad de memoria de 15 días.

En medio de la búsqueda, la familia recibió varias llamadas que, a cambio de dinero, prometían decirles el paradero de Olivia. Llamadas en las que les relataban cómo iban vestidos cada uno de sus familiares. Llamadas en las que les hacían saber que eran vigilados. Las autoridades les dijeron que se trataba de una extorsión, pero que en la carpeta de investigación nunca se consignaron como tal.

Además del temor, la familia de Olivia se endeudó por sus visitas a la capital poblana para exigir avances en la investigación, esfuerzo que han considerado no ha valido la pena, ante los nulos resultados.

“Nos cambian de ministerios públicos y otra vez lo mismo, ya es injusto, ya son tres años que no sabemos nada, nada, nada. A estas alturas pedimos que esté con vida, y si alguien le hizo algo, encontrarla, cómo sea, pero encontrarla”.

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