MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Mario Marín Torres no es sólo un prófugo de la justicia en México, sino un prófugo de la justicia en 190 países.
La Oficina de la Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta para que el ex gobernador de Puebla —el último gobernador priista en el estado— sea buscado internacionalmente por el presunto delito de tortura que cometió en contra de la periodista Lydia Cacho.
La justicia mexicana tardó casi 14 años en cerrarle el paso a Marín, quien hasta hace unos días todavía aparecía ufano por los eventos de campaña de Alberto Jiménez Merino, candidato priista a la gubernatura de Puebla.
De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la orden de búsqueda internacional sobre el ex mandatario se liberó desde el 11 de abril, día en que un tribunal federal ubicado en Quintana Roo ordenó su aprehensión.
Junto con Marín, las autoridades internacionales buscan al empresario textilero Kamel Nacif; y al ex jefe de la Policía Judicial en Puebla, Adolfo Karam Beltrán. Sólo Juan Sánchez Moreno, ex director de Mandamientos Judiciales en el sexenio marinista, ha sido detenido y procesado por las autoridades.
Toda esta historia entre Marín y Cacho es añeja y revela, como pocas, la dilación de la impartición de justicia en el país.
Una grotesca alianza
El caso data desde finales de 2005. En ese año, Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”, una investigación en la que develó la complicidad de políticos y empresarios con Jean Succar Kuri, líder de una red de pederastia y pornografía infantil.
Al mediodía del viernes 16 de diciembre de 2005, mientras se encontraba en Cancún, Quintana Roo, tres policías judiciales detuvieron a la periodista y escritora. Nadie la volvió a ver sino 20 horas más tarde, en la ciudad de Puebla.
Cacho recorrió 1,742 kilómetros en un vehículo con aquellos policías que no dejaban de insultarla. A su arribo a la capital, supo que había sido detenida por una denuncia de difamación y calumnia presentada por Kamel Nacif Borge, un empresario al que se apodaba “El Rey de la Mezclilla” y al que la periodista había ligado con Succar Kuri. La escritora fue liberada un día después, tras pagar una fianza de 6 mil dólares.
Sin embargo, dos meses más tarde, el 13 de febrero de 2006, una serie de conversaciones telefónicas fueron filtradas a la periodista Blanche Petrich, de La Jornada.
Aquellas llamadas develaban la relación política entre Marín y Kamel. Una grotesca alianza que había culminado con la conjura en contra de la periodista.
Las conversaciones son, a casi 14 años de distancia, una huella casi imborrable en la memoria política del estado.
—Quiúbole, Kamel.
—Mi góber precioso.
—Mi héroe, chingao.
—No, tú eres el héroe de esta película, papá.
—Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras. (…)
—Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.
—Pues a Casa Puebla.
—Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.
—Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.
—¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.
La impunidad… y la justicia
Antes de que finalizara 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso contra Marín después de que el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) denunció al aún gobernador.
El 26 de noviembre de 2007, la Corte concluyó que el priista y otros funcionarios de Quintana Roo habían participado en una suerte de “concierto de autoridades”, para violar los derechos humanos de la periodista.
A pesar de eso, el máximo tribunal del país consideró que la transgresión a los derechos de Cacho no había sido grave. Y Marín y su grupo salieron impunes.
Cacho alzó la voz por 13 años: 13 largos años ininterrumpidos entre idas y venidas a tribunales internacionales, 13 extenuantes años mirando los intentos de Marín por reaparecer en la vida política del estado.
Aquella lucha vio a principios de este año, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exigió al gobierno mexicano que reabriera la causa, una vez que el caso no había sido debidamente procesado.
El 10 de enero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a la periodista en nombre del Estado.
“Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Espero que este acto nos permita alcanzar una mejor cultura democrática para el fortalecimiento de los derechos humanos en México”.
A Marín todo eso le era ajeno. En las primeras semanas de campaña, incluso, robó cámara al candidato de su partido para decir que, según él, el caso ya había sido juzgado.
La historia, desde entonces, ha dado un vuelco. Hoy, aquel hombre orgulloso es un prófugo. Un prófugo buscado en 190 países.
¿Usted lo ha visto?
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Fotografía de portada: Posta.
