MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
La noche del sábado 18 de mayo, Salvador Sánchez Bolaños volvía a su casa, en un pequeño barrio del municipio de Zoquitlán, cuando notó que, al mismo tiempo, otros cuatro tipos intentaban hacer lo mismo, pero por la parte trasera. De ellos no pudo ver mucho, salvo que traían ropa oscura y cuatro armas largas. Entonces hizo lo que cualquier otra persona haría: salió huyendo.
Salvador Sánchez es integrante de la radio comunitaria “Radio Tlacuache”, desde donde se ha convertido en uno de los portavoces de la oposición indígena que nació en aquella región de la Sierra Negra de Puebla contra la construcción de una hidroeléctrica que la empresa Minera Autlán quiere construir desde hace seis años.
Decenas de organizaciones indígenas han emitido en días recientes un comunicado de prensa en el que acusan que es precisamente el activismo de Salvador lo que desató aquel intento de homicidio en su hogar.
No se trata de un hecho aislado. Desde que la empresa ha tratado de iniciar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, decenas de pobladores han sido amenazados y uno de ellos, Sergio Rivera Hernández, desapareció desde el 23 de agosto del año pasado.
Aquella tarde, Sergio Rivera fue perseguido por una camioneta Nissan blanca mientras se dirigía a la comunidad de Coyolapa, en Zoquitán, una de las regiones centrales para la edificación de la hidroeléctrica. De él lo único que se encontró fue su motocicleta arrollada, que se encontraba tirada en una desviación del camino.
Varios testigos vieron toda aquella escena, lo que sirvió para la detención de tres presuntos responsables: Rogelio N., Victorino Téllez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval. A los tres los detuvo la Fiscalía General del Estado (FGE) en un intenso operativo realizado el 18 de septiembre en las comunidades de Coyolapa y Tepexilotla.
Las amenazas a Salvador Sánchez y la desaparición de Sergio Rivera se encuentran ligadas: semanas atrás, desde una página de Facebook que lleva por título “Zoquitlán corruptos”, se acusó a Salvador de haber sido “dedo” —es decir, instigador— de la detención de Téllez Carrillo y Sandoval Sandoval.
Varias fuentes relacionadas con este caso señalan que, en realidad, la detención fue posible mediante el testimonio de tres testigos que presenciaron la persecución en contra de Sergio Rivera, además de un trabajo de inteligencia policial por el cual se intervinieron los teléfonos y las redes sociales de los implicados.
El operativo resultó tan certero que, el día de la detención, a Sandoval Sandoval le fueron confiscados 300 mil pesos en efectivo y un rifle R-15, según la información proporcionada por las fuentes que pidieron el anonimato como condición para dar su testimonio.
Desde esa misma página de Facebook se han difundido también direcciones de domicilios y otro tipo de información personal de dos líderes opositores a la construcción de la hidroeléctrica: Martin Barrios y Omar Esparza, representantes de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Todo esto ha ocurrido desde el arribo de la Minera Autlán: la apacible vida de unas cuantas localidades indígenas azuzada por un proyecto hidroeléctrico.
