ERNESTO AROCHE / LADO B
KAREN DE LA TORRE / LADO B
Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.
Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.
Ese jueves, tras la aprobación de su nombramiento, le tomaron protesta. León Flores tenía 32 años de edad y una breve estancia laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de dos años.
—Protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, con sus adiciones y reformas, y las leyes que de ellas emanan.
—Sí, protesto —contestó León Flores.
León Flores se convirtió en juez, pero no debió serlo. Desde el momento en que el TSJ lo nombró juez interino y lo ratificó como titular seis meses después, León Flores estaba violando el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues uno de los requisitos para ocupar el cargo era “tener título de abogado, expedido por lo menos tres años antes de su nombramiento”.
Y había otro problema: pasó por las aulas en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entre 1977 y 1982; y presentó su examen profesional el 8 de diciembre de 1987, pero no se tituló.
Y ante la obligación de comprobar su nivel de estudios León Flores entregó un título y una cédula falsa al TSJ, cuya copias tiene esta casa editorial.
Es decir, ejerció como juez usando documentos falsos, como lo reconoció la BUAP a una solicitud de información que presentó LADO B en donde negó haber expedido documento de titulación al juez tras su examen profesional.
El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.
Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despacha actualmente como juez penal de Cholula.
El título falso
En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.
En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.
Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.
El juez se tituló 29 años y 4 meses después de su nombramiento. Fueron casi tres décadas en los que el TSJ no reparó en que uno de sus integrantes, uno de los encargados de impartir justicia, no cumplía con los requisitos legales para ser parte del Poder Judicial local.
Tampoco advirtieron que en su expediente laboral había documentos que no existen en los archivos de las instituciones que supuestamente los emitieron.
De hecho, en el escrito que el juez presentó en el Consejo de la Judicatura de Puebla en enero del 2018, tras la investigación que inició LADO B, reconoció no estar titulado y sólo presentó un acta de examen.
Unos 20 años después, entre 2011 y 2016, la figura de León Flores cobraría relevancia pues fue el juez que tuvo en sus manos al menos 34 casos de perseguidos políticos del gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle.
Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.
Los Xicale estuvieron presos durante 14 meses y lograron la liberación tras ganar un amparo en juzgados federales.
Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.
Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.
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