MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

María fue postulada por un partido político el año pasado para ser diputada federal. María es María como podría ser Bertha o Alejandra, porque el de María es un nombre ficticio, elegido para preservar su identidad. María recibió 289 mil pesos para su campaña y, aunque fue ella quien decidió cómo gastar ese recurso, supo que los hombres que su partido había postulado recibieron más dinero que ella.

Cuando el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) A.C. preguntó a su partido político cuánto dinero había otorgado para la campaña de María, el instituto aseguró que le había otorgado 368 mil 805.41 pesos más. Y la pregunta que sucede es obvia: ¿Dónde están los 79 mil 805 pesos que María no recibió?

La diferencia de recursos que los partidos otorgaron a sus candidatas y a sus candidatos a diputados federales en el proceso electoral del año pasado es sólo uno de los factores por los cuales CAFIS A.C. considera que los institutos políticos son las instituciones que más cometen violencia política de género en contra de las mujeres.

Porque así como María supo que otros candidatos recibieron más recursos para sus actividades proselitistas, a Fernanda no le dieron nada: ni un solo peso. Sólo lonas y propaganda. Fernanda —otro nombre que vela la identidad real de la excandidata— costeó su campaña con ahorros que cubrieron la comida de sus colaboradores y la gasolina de sus giras.

El testimonio de María y de Fernanda forman parte de las 32 encuestas realizadas a excandidatas a diputadas federales en 2018 para la creación del Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política Contra Mujeres en las elecciones federales de 2018, presentado ayer por CAFIS A.C. y su directora general, Natalí Beatriz Hernández Arias.

El informe —que incluye también solicitudes de información a partidos políticos y una revisión de notas de prensa y redes sociales— muestra un complejo análisis sobre la forma en la que se menoscaban o anulan los derechos de las mujeres que participan en la vida política de Puebla.

De entrada, en el estado se presentaron al menos 15 denuncias por violencia política de género durante el proceso electoral del año pasado, por lo que el estado es el segundo a nivel nacional con más carpetas de investigación relacionadas a estos hechos.

A pesar de la incidencia de este tipo de violencia, en Puebla no se encuentra tipificada en ningún lado. No se le menciona ni en la Constitución Política, ni en el Código Penal, ni en las leyes electorales ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sólo Guerrero y Puebla se encuentran en esta situación: en un limbo.

“La ausencia de tipificación respecto a la violencia política por razones de género está estrechamente vinculada con la permanencia de determinados intereses políticos que pretenden ocultar y minimizar la violencia estructural que impacta en las mujeres poblanas, con la finalidad de limitar la integración de las mismas en la vida pública del Estado”, advierte el análisis.

En la investigación, al menos el 62.5% de las excandidatas considera que fue víctima de violencia política de género.

Partidos incurren en violencia política de género

En las encuestas aplicadas, el 26.9% de las excandidatas señaló a los medios de comunicación como los responsables de los actos de violencia política que se cometieron en su contra el año pasado. El 23.1% responsabilizó a sus propios partidos, el 19.2% a la ciudadanía en general y el 15.4% a sus adversarios políticos.

Sin embargo, CAFIS A.C. considera que no son los medios sino los partidos los que más incurren en violencia política de género. Lo hacen, por ejemplo, al no fomentar la creación de cuadros políticos femeninos o, incluso, de enviarlas a ser candidatas en zonas en las que los partidos sabían que no tenían posibilidades de triunfo.

Antonia, por ejemplo, no buscó ser candidata: el partido la llamó. Antonia sabía que el partido tuvo oportunidad de mandar a candidatas a distritos en los que era más posible ganar, pero las postularon en aquellas zonas más difíciles. “Ahí entra el tema de favoritismos. Los distritos más seguros de ganarse no se los dieron a mujeres… y el mío era el más desastroso”, narra bajo anonimato en el diagnóstico.

Quizá Antonia no fue la única, porque sólo el 18.7% de las 32 excandidatas entrevistadas para el análisis resultó electa en la jornada del 1 de julio de 2018.

El papel de los medios

La violencia política de género en la que incurrieron los partidos no exime a los medios de comunicación, que son vistos por las excandidatas como los principales agresores.

Los resultados del diagnóstico señalan que el 20.4% consideró que fue víctima de difamación o ridiculización durante la campaña, el 20.3% vio menospreciada su trayectoria, el 17.6% señaló que su campaña fue invisibilizada, el 13.6% dijo que el proceso transcurrió en un ambiente hostil, el 4% fue víctima de acoso u hostigamiento sexual, chantaje, extorsión, o la amenaza de difundir sus datos privados, además de gritos e insultos. Sólo el 8.1% dijo no haber sufrido violencia.

Las primeras dos agresiones están estrechamente ligadas a los medios de comunicación, así como la difusión de información de índole privada o sensible.

“Hablar de aspectos relacionados con la vida privada de las candidatas no solo goza de aceptación entre un sector importante de la población, sino que además es un gancho que determinados medios usan para vender y atraer audiencia”, señala el informe.

“Estas prácticas reproductoras de la discriminación hacia las mujeres son sumamente dañinas para sus aspiraciones políticas, puesto que tienen como consecuencia que la sociedad normalice juzgar el desempeño público de una mujer a través de una mujer a través de sus asuntos privadas”, añade.

CAFIS A.C. considera que “algo completamente necesario” es echar mano de una mayor y mejor regulación en torno al tipo de información que se difunde desde los medios de comunicación durante los procesos electorales.

El diagnóstico concluye que las desigualdades estructurales, el conformismo social, los altos niveles de corrupción en la clase política y la “descomposición” de la democracia, ha posibilitado la pervivencia, reproducción y normalización de la violencia política contra las mujeres.

“Negar a las mujeres la posibilidad de participar en la vida política en igualdad de condiciones respecto a los hombres, obstaculiza el desarrollo de nuestra democracia y supone la vulneración sistemática de derechos humanos fundamentales”.

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