La evidencia disponible a nivel internacional permite afirmar que la mayoría de las experiencias prometedoras o con elementos de éxito para mejorar las condiciones en su entorno han tenido como punto de partida un esfuerzo local.
Organismos y centros de pensamiento de casi todas las regiones del mundo –Foro Europeo para la Seguridad Urbana, el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad en Canadá, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de Chile, la Red Africana del Sector Seguridad–, entre otros, concuerdan en que si desde su diseño e implementación las políticas públicas de seguridad y acceso a la justicia no provienen de los operadores en terreno, entonces éstas con dificultad responderán a las necesidades específicas, a la multiplicidad de planos de participación ciudadana y a las capacidades institucionales existentes.
La lección ha sido muy clara: las políticas públicas de seguridad y justicia en aquellas localidades cuyos actores solo son objeto y no sujetos activos en su diseño, instrumentación y evaluación están destinadas, en el mejor de los casos, al impacto coyuntural y posteriormente al olvido; a la anécdota en lugar de la transformación efectiva.
Estos aprendizajes se han afianzado a lo largo de las últimas décadas tras el surgimiento de nuevos paradigmas; es decir, aquellas construcciones conceptuales a través de las cuales filtramos y nos aproximamos a la comprensión de distintos fenómenos sociales. Tal es el caso de la seguridad ciudadana, concepción que ha sido impulsada desde los años noventa a fin de sustituir a la de seguridad pública y que, a diferencia de esta última, tiene entre sus principales objetivos la generación de condiciones adecuadas para que las personas ejerzamos libremente nuestros derechos.
En términos prácticos, la seguridad ciudadana propone colocar a la persona —y no más a las instituciones— en el centro de las políticas públicas. De esta forma, plantea un tránsito en el énfasis de la defensa del Estado y el mantenimiento del orden público (a través de recursos punitivos clásicos: policía, justicia y sistema penitenciario), hacia el mantenimiento de relaciones interpersonales armoniosas (convivencia social) como resultado del ejercicio de la ciudadanía y la gobernanza.
Este último término —gobernanza—, posibilitado sólo en el marco del paradigma de la seguridad ciudadana, resulta fundamental en tanto que permite a las y los ciudadanos dejar atrás un rol pasivo (como meros receptores o usuarios), para convertimos en actores de relevancia en los procesos políticos e institucionales a través de los cuales se toman, implementan y supervisan decisiones de política pública.
La gobernanza es particularmente importante en el ámbito local ya que permite aceitar el engranaje a partir del cual gobiernos interactúan con la comunidad de forma directa y permanente.
En los últimos años, México se ha incorporado a la tendencia regional de endurecimiento y centralización (a nivel federal) de las ‘estrategias’ y ‘políticas’ de seguridad y justicia. Contrario a lo que dictan las buenas prácticas internacionales, el interés por la producción de experiencia y aprendizaje en el ámbito local se ha diluido y con ello la posibilidad de construir escenarios de cambio duradero en el largo plazo. Nunca una política nacional alcanzará para reconstruir, reparar y sobre todo para asegurar la sostenibilidad de la seguridad y la justicia en un territorio local.
Como organismo de participación ciudadana que trabaja permanentemente por la gobernanza, el fortalecimiento de las instituciones y la instalación de competencias organizacionales en la comunidad, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla estamos convencidos de la importancia que tiene impulsar el rescate de la mirada y experiencia locales. Por ello, a través de este espacio, expondremos de forma periódica los hallazgos, retos, lecciones aprendidas y áreas de oportunidad identificadas a partir de los esfuerzos ciudadanos que, en materia de seguridad y justicia, se hacen desde el entorno micro, esperando generar insumos de sustancia para influir en lo macro.
Compartiremos también nuestras vivencias para motivar a otras y otros poblanos a ejercer plena y activamente su derecho a la ciudadanía. Lo haremos a partir de nuestros programas y proyectos; de nuestra vocación ciudadana y nuestro trabajo en campo; de nuestro sentir como corresponsables en la búsqueda de mejores entornos de convivencia y paz para las y los poblanos. Lo haremos a ras de suelo. Comenzamos.
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