Manatí

Sólo dos funcionarios del gobierno interino hacen pública su declaración patrimonial

ERNESTO AROCHE | Lado B

La versión pública de la declaración patrimonial del actual titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Jorge Estefan Chidiac ejemplifica el compromiso con la transparencia del gobierno interino que encabeza Guillermo Pacheco Pulido.

El documento que la SFA entregó a una solicitud de información es una colección de manchas negras en 23 folios. Lo único que es posible conocer del funcionario es que tiene una licenciatura en economía en el ITAM, una maestría en Administración Pública en el IAPEP y un posgrado Inglaterra, aunque no ofrece el número de cédula que valida esos últimos estudios, pues asegura que los extravió.

versión pública de la declaración patrimonial de Jorge Estefan Chidiac
Imagen: Lado B

También declara que fue dirigente del PRI entre 2016 y 2018; diputado federal entre el 2015 y el 2018 y director del Bansefi entre 2012 y 2015, pero sobre sus propiedades e ingresos lo que los documentos muestran es total oscuridad de manchas y manchas en el papel.

En su justificación la SFA asegura que la declaración patrimonial contiene datos personales por lo que se considera información clasificada, pero además existe una negativa expresa de Estefan Chidiac a hacer públicos esos datos.

En la misma situación están 11 de los 13 funcionarios de primer nivel de la administración interina estatal, lejos de la práctica que planteó el gobierno federal de hacer pública dicha información.

Los únicos dos integrantes del interinato que sí aceptaron hacer públicos sus datos son el gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, y el titular de la Secretaría de Bienestar, Mario Monterrosas Alonso.

Pero lo que la plataforma ofrece son datos escuetos, como que Pacheco Pulido tiene dos cuentas bancarias, una de nómina y otra de débito, pero “no aplica” los rubros de bienes muebles e inmuebles. 

O que Monterrosas Alonso tiene 1 casa habitación, 3 terrenos, 2 vehículos y 3 cuentas de banco y una cuenta de nómina, pero sin más datos que permita a la ciudadanía hacer un seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios.

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