ANA ESTRADA | Yo También
Hace tres años, dos instituciones del gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio cuyo objetivo era “establecer las bases de colaboración para realizar acciones que garanticen el respeto y la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, en particular a las personas o grupos discriminados”, es decir para proteger a personas con discapacidad en las relaciones de consumo.
A la fecha no hay ninguna empresa, ningún local o ningún negocio sancionado, no porque no exista discriminación, sino porque al convenio le faltaron dientes: faltaron todos los mecanismos de seguimiento y protección que se buscaban en ese documento.
En diciembre de 2016, se firmó el Acuerdo de Colaboración entre Conapred y Profeco (presididas en ese momento por Alexandra Haas y Ernesto Nemer), que contemplaba, entre otras medidas la creación de un Decálogo contra la discriminación en las relaciones de consumo.
Hasta la fecha, Profeco no tiene registro de quejas por discriminación a personas con discapacidad en locales comerciales.
El convenio se alcanzó luego de que la empresa Recórcholis negó algunos de sus servicios a un pequeño con discapacidad y su familia, además de que el lugar tampoco contaba con los recursos mínimos necesarios de accesibilidad.
La visibilidad del caso (se trataba de la periodista Bárbara Anderson y su hijo de 4 años con parálisis cerebral) llevó a un acercamiento entre los dos organismos.
Aunque de 2016 a la fecha, Profeco tiene 117 quejas en materia de reclamación por discriminación, “en el registro no se especifica si las quejas fueron prestadas por agravio a una persona con discapacidad”, según una ficha informativa que la Procuraduría entregó a Yo También.
El mismo documento señala que, de esas quejas, 71% ya fueron concluidas por conciliación y aún hay 19 en trámite. Pero en ninguna de ellas se han impuesto multas.
“Por lo que corresponde al convenio general de colaboración celebrado entre la Procuraduría y Conapred, el mismo sigue vigente y en el marco de dicho convenio se continúan redoblando esfuerzos conjuntos para que todas las personas, sin excepción, en especial las personas con discapacidad, cuenten con los elementos necesarios para hacer valer sus derechos como personas consumidores”, dice el documento.
Para el procurador Ricardo Sheffield, “la accesibilidad a espacios o adaptación de productos o bienes para el uso de personas con discapacidad, es una necesidad en la que los proveedores deben seguir invirtiendo y trabajando, no una cuestión de discriminación específicamente”, sin embargo, pidió que en los casos necesarios se presenten quejas o denuncias para dar seguimiento.
Desde el lado de Conapred, desde finales de 2016 a abril de este año, el Consejo ha recibido 462 quejas por discriminación por discapacidad, atribuidas específicamente a particulares.
Aún así, existe un vacío de información sobre qué lugares de consumo o qué servicios fueron los que incurrieron en esos actos de discriminación a personas con discapacidad o cuales son las razones específicas de falta de infraestructura accesible que la ley señala.
Tanto a Conapred como a Profeco se les solicitó algún reporte sobre el avance del convenio y la colaboración entre ambos organismos, sin ninguna respuesta precisa.
El seguimiento de este convenio está en el limbo.
Tan fuera del radar está este tema para ambas instituciones, que nadie reparó en el detalle de que ya existía un acuerdo previo en el mismo sentido.
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