MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
La discusión sobre la iniciativa que despenaliza el aborto avanza en el Congreso local, aunque es probable que no sea votada en los siguientes dos meses.
El 1 de julio, la Comisión de Igualdad de Género emitió un pronunciamiento en el que considera que, desde un enfoque de máxima protección a los derechos humanos, la propuesta debe aprobarse.
El documento fue enviado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que será la única que analice la reforma antes de que ésta se presente ante el pleno del Congreso local.
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En él, se menciona que el acceso a la interrupción legal del embarazo debería ser considerado un derecho humano, dado que su criminalización “materializa la idea de que la maternidad es una obligación de las mujeres”.
También cita las acciones de inconstitucionalidad 146/2017 y 147/2017, en las que la Corte determinó que obligar a la culminación de un embarazo por la vía penal restringe el derecho a la igualdad y la no criminalización, el derecho a la salud y a una vida libre de violencia.
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E incluye datos del Departamento de Control y Evaluación del Poder Judicial de Puebla que señalan que, desde 2009 hasta enero de 2019, se dictaron 11 sentencias condenatorias por el delito de aborto, aunque la información no precisa si se trató de la interrupción forzada del embarazo, o por propia voluntad de la mujer. En ese plazo, se registraron también 23 procesos radicados y ninguna sentencia absolutoria.
“Lo anterior nos remite a visibilizar que la penalización del aborto ha sido ineficaz para proteger la vida en gestación, por lo que la sanción carece de vigencia real. La penalización no solamente no ha impedido o contribuido a disminuir la práctica del aborto, sino que su prohibición sólo produce el efecto de dañar a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos en condiciones sanitarias inadecuadas con las consiguientes muertes y graves enfermedades en las mujeres, lo que ha devenido en un gravísimo problema de salud pública”, señala el documento.
Sin embargo, por decisión de tres de los cinco diputados que estuvieron la Comisión de Igualdad de Género, en el pronunciamiento se incluyó un exhorto para que se realicen foros de consulta ciudadana antes de que la propuesta se vote.
Esta condición fue criticada por organizaciones feministas en el estado. Desde la plataforma Aborto Legal Puebla, en el que confluyen varias integrantes de organizaciones civiles, se dijo que el aborto debería ser considerado un derecho humano y que, por tanto, someterlo a consulta es violatorio de la Constitución mexicana.
La solicitud de realizar foros fue presentada por las legisladoras Guadalupe Muciño Muñoz (PT) y María del Carmen Saavedra Fernández (sin partido), así como el diputado Uruviel González Vieyra (CPP), quien simpatiza de manera abierta con las organizaciones “provida”.
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En la sesión se apersonaron integrantes del Frente Nacional por la Familia. Entre ellos se encontraban trabajadores del Centro de Bioética de la UPAEP. No alzaron la voz y se dedicaron de manera exclusiva a situarse a las espaldas de Rocío García Olmedo —quien preside la Comisión de Igualdad de Género y es promovente de la iniciativa— con cartulinas y figurillas que simulaban ser fetos.
García Olmedo (PRI) y Vianey García Romero (Morena) votaron simplemente porque el pronunciamiento se aprobara sin consultar a foros, pero cedieron ante el voto de los tres legisladores restantes.
¿Cómo se analizará la reforma?
De la misma forma, las comisiones de la Salud, de la Familia y Derechos de la Niñez, y de Derechos Humanos emitirán en los siguientes días su postura sobre la despenalización del aborto. Los pronunciamientos serán divididos, y no mostrarán una postura definitoria sobre la propuesta, lo que refleja, en gran parte, que no hay un consenso para aprobar la reforma.
La Comisión de Salud es encabezada por Cristina Tello Rosas (Morena), quien se opone a la propuesta, al igual que la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN).
La Comisión de Derechos Humanos es encabezada por Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena), quien se ha mostrado a favor de la propuesta.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia es dominada por Morena y sus aliados. La preside María del Carmen Cabrera Camacho (PT), y la integran el diputado Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo (Morena), Mónica Lara Chávez (PES), García Olmedo (PRI), Marcelo García Almaguer (sin partido) y Carlos Alberto Morales Álvarez (MC).
Fotografía de portada: Brenda Palacios / @thegginthesky
