GUADALUPE JUÁREZ | @LUPJMENDEZ

Patricia Becerril y Martín Figueroa han pasado los últimos 14 meses de su vida dedicados a averiguar lo que realmente ocurrió con su hija Zyanya Estefanía Figueroa Becerril la mañana del 15 de mayo de 2018.

Ese martes, cuando les dijeron que Zyanya se había quitado la vida colgándose de una mascada en el baño de su casa, viajaron de inmediato desde la Ciudad de México —de donde eran originarios— al fraccionamiento Real de Zavaleta en Puebla, donde su hija había vivido los últimos meses, mientras era médico residente en el Hospital del Niño Poblano. 

Con el dolor carcomiéndoles el alma y  las preguntas sobre la muerte que una familia suele hacerse después de que uno de sus seres queridos fallece, el matrimonio Figueroa Becerril no cuestionó de forma abierta la versión de las autoridades, quienes les dijeron que la joven de 26 años de edad se había suicidado y les prometieron revisar los videos de seguridad a la entrada del fraccionamiento para descartar cualquier irregularidad. 

Pero siete días después de aquel día, los medios locales poblanos replicaron una y otra vez una supuesta carta póstuma de Zyanya escrita en una hoja de una libreta, acompañada del rumor de que la principal razón de la médico para haberse quitado la vida era la presión a la que era sometida en el nosocomio y al “acoso laboral” que sufrían los demás internistas. 

Patricia y Martín se enteraron de la existencia de esa hoja cuando periódicos nacionales retomaban la información, y entonces en las palabras de esa carta dirigida a ellos no encontraron a Zyanya, a su primogénita, a la estudiante de excelentes calificaciones, de reconocimientos académicos y de brillante sonrisa que posaba con sus pacientes.

En la carta se referían a ellos como “mamá y papá”, pero Zyanya nunca los llamó así, porque toda la vida les dijo “ma” y “pa”. El texto era tan impersonal que no mencionaba a sus hermanos por su nombre y describía a una mujer completamente diferente a lo que los demás veían. 

“La carta pretende reflejar todo lo contrario que era mi hija, ella sacó el primer lugar de la generación y en un trabajo de investigación. Sus calificaciones denotan todo lo contrario al fracaso, primeros lugares y participaciones en congresos, reconocimientos por el rector de la UNAM, escribía artículos para una revista de Colombia”, dice Patricia, su madre. 

Y así, los padres de Zyanya —todavía de luto— comenzaron a dudar de la versión que les habían dado.

Una idea cruzó por su mente: a su hija la habían asesinado. 

Las dudas sobre el caso

Quince días después de la muerte de Yayis —como sus padres le decían a Zyanya de cariño—, Patricia regresó a Puebla y llamó a la administradora del fraccionamiento para saber si la Fiscalía General del Estado (FGE) había ido por los videos de las cámaras como habían prometido, y se encontró que las grabaciones ya no estaban disponibles y que nadie de la FGE se había acercado para pedir las cintas. 

La desconfianza hacia la Fiscalía local empezó a hacerse más grande. Con ayuda de asesores legales que ellos pagaron con sus propios recursos, los padres ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 6 de agosto de 2018, en donde expusieron que no confiaban en la versión que les habían dado de la muerte de su hija y pedían que se investigará más sobre el caso, pues preveían las autoridades lo darían por cerrado.

A través de redes sociales, la FGE respondió ese mismo día que la indagatoria seguía abierta e insistió en que las entrevistas y la carta póstuma “establecían suicidio”. 

Patricia y Martín decidieron, entonces, que ellos harían lo que les habían negado y acudieron a especialistas particulares. 

Con recursos propios, buscaron que expertos externos a la investigación practicaran un peritaje en grafoscopía: el dictamen arrojó que la supuesta carta póstuma era una falsificación por imitación.

Con esto, pidieron de nueva cuenta a la FGE investigar más y no cerrar el caso. Pero se encontraron con más anomalías que se habían presentado.

Un informe de un médico legista arrojó que las heridas en el cuello de Zyanya no eran típicas de ahorcadura, sino de asfixia por estrangulación armada con instrumento, lo que significaba que no había perdido la vida como la versión de las autoridades, sino que existía la posibilidad que la asfixia fuera provocada, probablemente con otro material diferente a la mascada de la que la encontraron suspendida en el tubo del baño de la casa en donde vivía. 

El médico detectó algo más: heridas en las muñecas hechas después de muerta y heridas en el cuerpo propias de un posible arrastre. Todo lo contrario a un caso de suicidio. 

Joel Romero García, un ministerial que acudió el día del fallecimiento para investigar el caso, entregó un informe en el que  asegura que Zyanya había intentado suicidarse primero cortándose las venas, pero se había arrepentido y luego decidió ahorcarse. 

Según esa versión, la familia de la joven le entregó una libreta supuestamente de Zyanya para comparar la letra de la joven con la carta que encontraron, lo cual Patricia y Martín niegan rotundamente, porque ese día les negaron el acceso al departamento. 

La sospecha y las deficiencias de la FGE 

En la escena del crimen encontraron medicamentos, guantes de látex y jeringas tiradas en el suelo, por lo que las autoridades iban a practicar exámenes de sangre a Zyanya para saber si había sido inyectada con alguna sustancia o si ella había ingerido otra de las que había en el departamento.

Un obstáculo se atravesó en aquel examen: el ministerio público “echó a perder” la muestra.

Ahora no existe certeza de que la muestra que van a enviar a laboratorios de la Fiscalía General de la República para intentar rescatar la información sea de ella, por lo que sus padres piden una prueba de ADN. 

El 21 de septiembre del año pasado, el celular de Zyanya que había resguardado la Fiscalía para ampliar la investigación fue encendido, alguien comenzó a salirse de los grupos familiares y aprovecharon que todavía estaba activa la línea del plan tarifario para hacer llamadas. 

Las anomalías en el caso se acumulaban. Los asesores contratados por los padres detectaron que había contradicciones en la declaración de la compañera de departamento, Luz Beatriz N., quien había dicho que encontró a su roomie colgada de una mascada en la ventana del baño, pero luego dijo que era de un cable. 

La única entrevista de ella es la que hizo el mismo 15 de mayo de 2018 el ministerial Joel Romero, quien un día después acompañó a Luz Beatriz al departamento y le dejó sacar sus cosas, cuando él no estaba autorizado a hacerlo. 

A partir de esa fecha, ella se negó a declarar más, consiguió una constancia médica de un siquiatra para evitar ser interrogada durante un año, bajo el argumento de que sufrió estrés postraumático. 

La negativa de la única testigo cercana a Zyanya ha evitado que se reconstruyan los hechos, como ha pedido la familia, y con ello ha crecido la sospecha de que algo se oculta.

La promesa

El 7 de marzo de 2019, el encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, aceptó reunirse con Patricia y Martín. Con el dictamen del médico legista y la prueba de que la carta no la había escrito Zyanya en mano, les ofreció una disculpa y prometió que la investigación se realizaría con perspectiva de género, bajo el ojo de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

La promesa se amplió: también les dijo que pagaría la renta de la casa en el fraccionamiento para asegurarla en lo que se realiza la investigación, que les pagarían el transporte cuando tuvieran que regresar a Puebla y que ya habría avances. 

Pero a cuatro meses de esa reunión, los padres de Zyanya tienen la sensación de que la investigación sigue sin avanzar, pues sus asesores son quienes se han encargado de entrevistar a más testigos, compañeros de trabajo y amigos, en busca de respuestas, mientras que los ministeriales a cargo del caso no se han presentado con ellos y sólo conocen su nombre de pila y sin apellidos. 

También ellos han tenido que pagar la renta de la casa para evitar que se pierda algún indicio de la investigación, y pueda realizarse la reconstrucción de los hechos. Algo que no ha sucedido por la negativa de Luz Beatriz N. 

La carpeta de investigación 7387/2018/ZC —a la que no habían tenido acceso hasta  el 4 de julio pasado que les dejaron sacar copias—, ha estado en manos de ministerios públicos que ya no llevan el caso y que aun así acceden a los documentos, y la información en ella ha llegado a las personas que entrevistan. 

Por ahora, la línea de investigación —aseguran los padres— se mantiene como un posible suicidio y no han abierto otras líneas. 

La FGE niega lentitud

A través de un comunicado dirigido a 24 Horas Puebla —medio con el que conversó la familia a finales de junio— la Fiscalía rechazó que las investigaciones sobre el caso sean lentas y aseguró que ya investiga con perspectiva de género. 

En el texto, indicó que las diligencias están  a cargo de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer, y afirmó que en el encuentro más reciente se entrevistaron con Martín Figueroa, padre de la joven, quien les autorizó el acceso a los dispositivos de Zyanya para continuar con las investigaciones. 

“La Fiscalía ha entrevistado a los progenitores y a familiares cercanos para continuar con actos de investigación que coadyuven a esclarecer la muerte de la joven. La investigación sigue abierta y la Fiscalía General del Estado continúa allegándose de datos de prueba para el total esclarecimiento de los hechos”, apuntó. 

Familiares acusan que se mantienen anomalías 

Patricia y Martín insisten en que la FGE no investiga con perspectiva de género, dado que a casi cuatro meses de entrevistarse con Higuera Berna aún no hay avances notables del caso y hay sospechas de que se ha roto la cadena de custodia en el resguardo del celular y el iPad de su hija, así como en las muestras histopatológicas que analizarán en próximos días, de las cuales no hay certeza de que correspondan a la joven.

Para los asesores legales de la familia, la investigación en manos de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer no se diferencia de las diligencias que hacía la de homicidios, donde se encontraba el caso, pues siguen sin concretar la reconstrucción de hechos, de la que todavía no fijan una fecha.

“Ahora también nos dicen que van a remitir las muestras histopatológicas de Zyanya, de las que no tenemos certeza porque ya hubo una audiencia donde los ministeriales las andaban trayendo en su mochila, y en la FGE nos pidieron que nos cercioráramos de que eran de ella. No tenemos certeza de ello, porque la cadena de custodia fue quebrantada en varios aspectos y así lo admite la propia FGE”, explica Pablo Rangel, uno de los asesores legales de la familia.

Otra anomalía que han detectado y que les hace creer que las investigaciones tardarán todavía más es la falta de comunicación con los ministeriales a cargo de la investigación.

“Cada que vienen los familiares les dicen que los policías ministeriales quieren hablar con ellos, que ya tienen la investigación completa, pero cuando los papás los buscan para hablar con ellos, nos dicen que salieron del estado a otros casos y nunca ha sido posible hablar con ellos”, acusó el asesor legal.

Los asesores de la familia Figueroa Becerril también temen que Luz Beatriz N., la compañera de departamento de Zyanya, se niegue a declarar de nueva cuenta, pues les informaron que busca tramitar de nuevo un estudio psiquiátrico que le permita negarse a presentarse ante el Ministerio Público con el argumento de sufrir estrés postraumático, mismo argumento que utilizó durante un año.

La FGE tampoco ha permitido a los asesores el acceso a la bitácora de las entradas y salidas de Luz Beatriz N. en el Hospital para el Niño Poblano el 15 de mayo de 2018, con los que buscan cotejar los horarios de la muerte de Zyanya y los testimonios que han recabado.

“No vemos un avance real, y si nosotros viviéramos aquí, te juro que nos tendrían todo el día pegados a ellos para exigirles que trabajen, porque no queremos entorpecer su trabajo. También queremos ayudar con lo que podamos, y saber lo que realmente pasó con mi hija”, dice Patricia, quien, junto a su esposo, busca respuestas desde hace 14 meses.

Pese al duelo. Pese al tiempo. Pese a todo, busca aquello que la Fiscalía no ha querido: respuestas sobre la muerte de su hija. 

Fotografía de portada: @Cencos