GUADALUPE JUÁREZ | @Lupjmendez
El protocolo de denuncia para una mujer que fue víctima de una agresión sexual puede tardar hasta siete horas, dos de ellas a la espera de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y cinco durante las cuales es atendida.
Eso revelan los resultados del Monitoreo Ciudadano de Ministerios Públicos —elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla—, que concentra la experiencia de atención de dos mil 239 víctimas, de marzo de 2018 a julio de 2019.
El informe exhibe que una víctima de delitos sexuales se enfrenta “a veces” a la escasa información que les brindan, a no conocer los siguientes pasos para dar seguimiento al trámite.
También suelen negarles el derecho a ser atendidas por personal del mismo sexo, evitan que accedan a una valoración médica y no siempre les entregan las copias de carpeta de investigación.
Tampoco conocen la información del personal que los atiende, pues en ocasiones éstos no tienen un gafete visible o el personal ministerial evita identificarse.
El análisis fue presentado ayer en conferencia de prensa por el director ejecutivo del CCSJ, Alejandro Espriú Guerra; el coordinador de proyectos, Hazael Juárez Huetle; y la coordinadora de atención a víctimas en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Alejandra Gasca.
El informe consistió en una evaluación a tres áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE): la Unidad de Atención Temprana Metropolitana, la Unidad de Investigación especializada en robo de vehículos y la de delitos sexuales.
No todo es malo…
En el diagnóstico, las organizaciones encontraron distintas mejoras en la calidad de atención en la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales.
A diferencia de años pasados, las denunciantes ya no tienen que padecer tres filtros en la recepción inicial, donde tenían que contar los hechos varias veces, o cuando no les entregaban ni el número de carpeta de investigación, lo cual ya hacen.
La atención en horarios de comida de su personal se mantiene, las víctimas ya no narran lo que les sucedió en recepción y ya les entregan el número de carpeta de investigación.
¿Qué pasa con otros delitos?
En la entidad, según el diagnóstico, si eres víctima de robo de vehículo el tiempo de denuncia se redujo en la espera en la recepción, pues pasó de una hora a 11 minutos, mientras que el tiempo de atención disminuyó de 30 a 20 minutos.
Las víctimas de robo de vehículo también padecen deficiencias en la atención que los ministerios públicos les brindan al denunciar, como la falta de información que deben otorgarles, así como el derecho de contar con un asesor jurídico.
En el procedimiento para la devolución del vehículo también ocurre la falta de atención de un correo institucional para darle seguimiento al proceso; a veces, no les entregan copia de trámite de acreditación, o no siempre el personal ministerial se identifica.
De igual forma, hay servidores públicos que solicitan a los denunciantes alimentos y bebidas a cambio de brindarles el servicio.
En la sede principal de la FGE, en la Unidad de Atención Temprana Metropolitana, las víctimas no siempre cuentan con la información como víctimas del delito, o bien, no son instruidos sobre los pasos para dar seguimiento al trámite
El personal de la Fiscalía no se identifica, además de que nunca les informan que tienen derecho de contar con un asesor jurídico.
Sin embargo, la atención se mantiene en horarios de comida, ya hay atención nocturna, el gafete de los empleados es visible, y ya hay entrega de copias de entrevista. Hace un año —según el comparativo del diagnóstico— esto no era así.
También se ha instalado un protocolo para que las víctimas que no saben leer puedan ser acompañadas por una persona de su confianza. Hasta octubre de 2018 esto no sucedía así.
¿Qué se puede mejorar?
Para el CCSJ, una una forma de que la ciudadanía recupere la confianza en las autoridades es mejorar la comunicación con la víctima para informarle los pasos para realizar una denuncia, sus derechos, el número de carpeta de investigación y qué utilidad tiene.
También concientizar a los servidores públicos —sobre todo los que atienden denuncias de delitos sexuales— a no revictimizar, a incrementar la presencia de más asesores jurídicos, de médicos legistas, fortalecer las plataformas tecnológicas de consulta pública y dotar de equipo de trabajo al capital humano recién incorporado a la FGE.