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A casi cuatro meses de haber sido publicado en el Periódico Oficial el decreto que comprometió al Congreso del Estado a transmitir las sesiones públicas con intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM), únicamente en dos de 13 ocasiones ha cumplido.
El 24 de septiembre de 2018 los diputados priistas, Javier Casique, Nibardo Hernández, Rocío García Olmedo y Josefina García, presentaron la iniciativa con la finalidad de Garantizar el derecho a la información a las comunidades sordas del estado.
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Si hablamos de parlamento abierto, debemos ser consecuentes y permitir a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso a los contenidos de las sesiones públicas a través de interpretes de Lengua de Señas Mexicana, se lee en el documento.
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Fue el 23 de mayo de este año cuando se adicionó un tercer párrafo al artículo 159 de la Ley Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en el que se reiteraba la obligación de transmitir en LSM. También se estableció que un día después de esta fecha entraría en vigor.
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De acuerdo con información del INEGI Puebla es el cuarto estado del país con mayor población sorda.
No es menor el asunto, se trata de cuestiones gravísimas: por un lado, se hace a un lado a una minoría, con lo que se actúa de manera antidemocrática; por otra, no se observa la ley. ¿Qué será más grave? Atentado a la vida democrática o a la ilegalidad, en el órgano encargado de dar vida a ambas, primordialmente, por virtud de la representación…. Lamentable