MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso reformas a dos artículos del Código Penal y Civil que más debate han provocado en los últimos años: el del matrimonio y el aborto.
Sin embargo, la propuesta está lejos de ser progresiva, puesto que decidió conservar la penalización por la interrupción del embarazo. La reforma que envió al Congreso local en días recientes señala que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Su reforma al artículo 342 del Código Penal sólo propone eliminar las tres agravantes contra las mujeres que interrumpan su embarazo, y que aumentan la pena por el delito de aborto en uno a cinco años de prisión.
La valoración de la pena se realiza si la mujer no tiene “mala fama”, si ha logrado ocultar su embarazo, o si éste no es “fruto de matrimonio”. Tres condiciones anacrónicas que por décadas han ocupado las páginas del Código Penal.
En lo referente al matrimonio, Barbosa optó por no reconocer la unión entre parejas homoparentales. En su propuesta al artículo 294 del Código Civil, señala que el matrimonio es “un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia”.
Este artículo ya ha sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados determinaron que era discriminatorio.
En febrero del año pasado la Corte anuló fragmentos de los artículos 294, 297 y 300 del Código Civil de Puebla, en los cuales se indica que el matrimonio es relativo a “un solo hombre y a una sola mujer”.
La resolución surgió por una acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó en contra del artículo 300, que inhibía el derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a la libertad de formar una familia.
La iniciativa de reforma presentada por el gobernador fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside la petista María del Carmen Cabrera Camacho.
El proyecto de reforma se inscribe dentro de la puja que realizan organizaciones civiles para alcanzar el reconocimiento del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en el estado.
Reconocerían violencia política de género
En el paquete de propuestas, Barbosa propuso modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para añadir el término de violencia política contra las mujeres en el ámbito político.
Este tipo de violencia sería entendida como “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Sin embargo, la propuesta del mandatario no incluye una modificación al Código Penal para castigar la violencia política.
En septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, presentó un paquete de iniciativas de reforma para tipificar la violencia política de género con penas de hasta cinco años de cárcel.
La propuesta de la diputada priista indica que si un candidato a un cargo de elección incurre en violencia política durante el proceso electoral, su registro será cancelado por las autoridades competentes.
Al presentar la iniciativa en el pleno, García Olmedo dijo que aunque se han roto las barreras en el ejercicio de poder, “que antes y sin duda era predominantemente masculino”, esto ha implicado agresiones pro razón de género contra las mujeres.
El paquete de reformas contempla hacer modificaciones a la Constitución de Puebla, a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código de Instituciones y Procesos Electorales y al Código Penal.
