LA COPERACHA
Con un llamado al Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos, concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”, señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness. La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y defensores ante proyectos extractivistas en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones
En el encuentro se analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para Walmart y empresas asociadas.
“Se mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos extractivos están en términos de definición”, señala la abogada Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales con la técnica de fracking”, apuntó.
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