Manatí

El anuncio de una nueva auditoría tensa relación entre la BUAP y el gobierno

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

En medio de la disputa política en la que se encuentran liados el gobierno del estado y la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha fijado un plazo de 43 días para que la máxima casa de estudios entregue toda la documentación referente a los egresos que realizó el año pasado. 

El auditor general Francisco Romero Serrano advirtió que la universidad ya ha recibido una multa de 8 mil 688 pesos por negarse a la fiscalización de sus recursos y, aunque reconoció que la sanción es más bien simbólica, advirtió que ésta podría aumentar a cada reincidencia. La sanción económica más grande puede ascender a los 86 mil 880 pesos. 

Aunque la BUAP no ha emitido posicionamiento sobre el nuevo plazo, a mediados de enero señaló que presentaría un amparo en contra del inicio de la auditoría, a la que calificó como una “violación” a la autonomía de la universidad.

El subcontralor universitario José Ubaldo Ramírez adujo que, en su mayoría, los recursos de la BUAP proceden del gobierno federal, por lo que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendría facultades para auditar los egresos de la institución.

Más que al auditor general, la BUAP ha decidido plantar cara al gobierno del estado con una campaña en contra del reemplacamiento de vehículos, una medida con la cual la administración de Miguel Barbosa Huerta pretende recaudar al menos 500 millones de pesos durante el año en curso.

La universidad dispuso de manera pública todo un bufete jurídico para que los ciudadanos tramiten amparos en contra del reemplacamiento. Hasta finales de febrero, la institución presumía que más de 2 mil ciudadanos ya habían realizado el registro previo al amparo.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ha procurado no realizar declaraciones explosivas en contra de la universidad o del rector Alfonso Esparza Ortiz. A la campaña en contra del reemplacamiento, el gobernador sólo contestó que no tenía opinión sobre “la ruta que escogió el rector Esparza”.

“Allá él. Todo está a la vista: la intencionalidad de ese comportamiento administrativo y social está a la vista (…)  La BUAP es una institución que yo respeto mucho y reconozco y apoyo y todo lo demás… el rector, bueno, que él camine por la ruta que quiere y ya, cada quien sabe qué hacer. No tengo más comentarios”, afirmó el pasado 22 de enero. 

La cúpula universitaria supone que la auditoría realizada en su contra es más una afrenta desde el gobierno del estado que del Congreso local, el Poder que controla al órgano fiscalizador y que acordó el nombramiento de Romero Serrano a finales de noviembre del año pasado.

Hasta ahora, el Poder Legislativo ha sido dócil frente a las propuestas del gobernador. Desde que rindió protesta al cargo, el Congreso local ha aprobado 18 de las 21 propuestas del mandatario, lo que lo ha colocado como el gran legislador del estado. 

La mayoría de las denuncias contra la BUAP han tocado tierra en la sede legislativa, desde donde se prepara un nuevo trabuco en contra de la universidad. La presidenta de la Comisión Inspectora, la morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo, anunció que el Congreso recibió dos solicitudes de auditorías promovidas por académicos, “ex universitarios y jubilados” de la institución. 

De acuerdo con la legisladora, los titulares de las dos denuncias son José Antonio Robledo y Meza, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y José Samuel Tovar Ruiz, integrante de la Asamblea General de Universitarios, quienes “presumen el desvío o mal manejo de recursos” en la universidad. 

Originaria de Tehuacán y cercana a Barbosa Huerta, Romero Garci-Crespo ha asegurado que la auditoría del órgano fiscalizador no violaría la autonomía de la institución, sino que se inscribe en las nuevas reglas de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior. 

Con los partidos de oposición divididos por conflictos internos, el papel del opositor al gobierno del estado ha tomado forma en la figura del rector Esparza Ortiz, que, en contraste, mantuvo una tersa relación con los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.  

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