Paloma Fernández | @PalomaPen

Durante los primeros dos meses del año, la Red Puebla de Periodistas registró al menos nueve agresiones a mujeres periodistas, de las cuales ocho fueron cometidas por funcionarios púbicos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización emitió un comunicado en el que dio a conocer que cinco de las agresiones fueron de tipo intimidatorio, dos bloqueos informativos, dos actos de desacreditación, dos demandas por daño moral, una amenaza, una campaña de desprestigio y un caso de hostigamiento.

Seis de estos hechos ocurrieron en la ciudad de Puebla, y el resto en Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula y Huejotzingo.

Lo que se sabe de los agresores es que seis de ellos trabajan en el gobierno del estado, en tanto que en tres casos las agresiones fueron cometidas por servidores públicos municipales.

El 20 de enero, por ejemplo, la directora del diario El Popular, Carolina Fernández, recibió dos demandas por daño moral interpuestas por los subsecretarios de Movilidad y Transportes y Administración, Seth Yassir Vázquez Hernández y Juan Pablo Cortés Córdova, respectivamente.

EL 16 de febrero, la corresponsal de Proceso en Puebla, Gabriela Hernández, recibió “una carta aclaratoria intimidante y que desacredita su labor periodística” que fue redactada por Verónica Vélez, coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado.

La carta aclaratoria fue emitida después de que la reportera publicara en el semanario un reportaje en el que comparaba la gestión de Miguel Barbosa Huerta con la de Rafael Moreno Valle.

El 18 y el 27 de febrero, la reportera Verónica de la Luz fue blanco de bloque informativo por parte de Mauricio García León, enlace de comunicación de la Secretaría de Economía. García le negó una entrevista, la acusó de “reventar” una rueda de prensa y más tarde le impidió el acceso a una.

Éstos son sólo cuatro de las nueve agresiones contabilizadas por la Red Puebla de Periodistas, que hizo un llamado de atención al gobernador del Estado Barbosa Huerta, sus colaboradores y al funcionariado de los 217 ayuntamientos de Puebla para respetar y hacer efectivos los derechos de las mujeres periodistas y del gremio periodístico.