GUADALUPE JUÁREZ |@LupJMendez
La falta de resultados y las deficiencias en la investigación de la muerte de Zyanya Figueroa Becerril, acaecida hace casi dos años, alertó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sobre la forma en que las autoridades actúan para indagar en estos casos.
A pesar de los protocolos de investigación y de la existencia del tipo penal de feminicidio, en Puebla las muertes de mujeres se investigan sin perspectiva de género y con falta de debida diligencia, según la organización.
A través de un comunicado, el OCNF consideró que no hay resultados eficaces respecto a la implementación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), declarada en 50 municipios en abril de 2019, relacionados con la resolución de los casos de violencia contra mujeres, como feminicidios, desapariciones y trata de mujeres y niñas.
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A lo anterior se suma la acumulación de casos de mujeres y niñas desaparecidas en Puebla, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó durante el año pasado 783 casos. Desde entonces, en el 25% permanecen sin ser localizadas.
Por ello, el OCNF —conformado por 43 organizaciones con presencia en 24 entidades— pidió, junto a familiares de víctimas de feminicidio, una reunión de trabajo con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para atender la violencia feminicida en Puebla.
Por otra parte, le solicitaron a dar a conocer de forma pública los avances en la implementación de la AVGM en el estado —los cuales se han reservado—, así como los avances del caso de Zyanya, que fue investigado como suicidio a pesar de que existen sospechas de que fue asesinada.
A dos años, caso Zyanya sigue impune
Zyanya era médico internista en el Hospital del Niño Poblano. El 15 de mayo de 2018, la FGE les dijo a los padres de Zyanya que su hija de 26 años de edad se había suicidado y había dejado una carta póstuma.
Sin embargo, en un peritaje particular realizó después se determinó que la letra de la carta no correspondía a la de ella, además de que su cuerpo presentaba heridas que no coincidían con la forma en la que falleció de acuerdo con las autoridades.
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A partir de esa fecha, sus padres, Patricia Becerril y Martín Figueroa, han denunciado cada una de las irregularidades con las que se han encontrado con el trabajo de la FGE: la pérdida de indicios como el celular de su hija, cuando se “echó a perder” una muestra de sangre en la que analizarían si le habían inyectado alguna sustancia a su hija antes de su muerte y las innumerables ocasiones en las que los agentes rompieron la cadena de custodia de algunas de las pruebas que recolectaron.
Más casos en la impunidad
En Puebla, la injusticia prevalece en la mayoría de los casos de feminicidio que han ocurrido en los últimos ocho años. Uno de ellos es el de Paulina Camargo Limón, una joven de 19 años de edad que estaba embarazada.
Pese a que su ex pareja sentimental ha sido detenida como sospechoso de su asesinato, la ausencia de su cadáver provocó que la FGE investigara el caso sólo como desaparición. Desde 2015 hasta ahora no hay avances en la investigación del paradero de Paulina, ni de su posible crimen.
Otro caso impune es el de Olga Nayely, quien fue asesinada en 2014 por su esposo, quien se encuentra preso por su feminicidio, pero que a pesar de las pruebas y de la confesión que permitió hallar su cadáver, no ha sido condenado.
En los primeros días de la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta, el asesinato de Judith Abigail cimbró Puebla. Su familia protestó frente a Casa Aguayo para que agilizaran su búsqueda y posteriormente el esclarecimiento de su muerte.
La madre de dos menores fue hallada en un paraje, pero hasta ahora no hay indicios de quién la mató y al único sospechoso lo dejaron libre, sin interrogarlo.
Fotografía de portada: Brenda Palacios
