MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Podría afirmarse que jamás han sabido estar juntos. Que incluso en algunos momentos se han aliado o han respaldo al enemigo del otro. Pero nunca, como hasta ahora, el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco se habían enfrentado con la vehemencia de estos días.
La disputa ha surgido por el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, y tiene como telón de fondo una pandemia. En medio de la crisis mundial, de las calles desoladas, del cierre de negocios y la propagación incesante del virus, el gobernador y la alcaldesa han decidido echar a andar el fuego.
Sus diferencias datan de 2018, aunque el epítome del conflicto ocurrió la semana pasada, cuando Barbosa Huerta anunció el reemplazo de Lourdes Rosales Martínez, secretaria de Seguridad Ciudadana, por Carla Morales Aguilar.
Aunque parecía que Rivera Vivanco cedería a la designación, el miércoles 18 de marzo, en una sesión de Cabildo, advirtió que la designación del titular de la SSC sólo le correspondía al Ayuntamiento, es decir, a ella misma.
Y así, en un giro inesperado, comenzó la guerra.
Un día después, el jueves 19, el gobernador acusó que los mandos de la Secretaría de Seguridad se encontraban coludidos con líderes del crimen organizado. Con ello, deslizó que Rosales Martínez también lo estaba.
Para justificar la imposición de Morales Aguilar, el mandatario se envolvió en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal, donde se establece que la Policía Preventiva Municipal acatará las órdenes del gobernador en aquellos casos que éste “juzgue como de fuerza mayor”.
La legitimidad de este argumento será librada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el viernes 20 de marzo el Ayuntamiento presentó una acción de inconstitucionalidad para que los magistrados definan si el gobernador tiene facultad de remover al titular de la SSC.
Las sombras tras la guerra
Cuando Barbosa Huerta acusó la colusión de los mandos policiacos de la capital, Rivera Vivanco alegó que nunca se había acusado a Rosales Martínez de estar vinculada con el crimen.
En defensa de la autonomía de su gobierno, la presidenta municipal urdió una suerte de pureza ideológica y moral: cuestionó el pasado de Carla Morales Aguilar y, sobre todo, de la mano que la impulsa para el cargo.
“Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y por el morenovallismo. No pasarán por la 4T”, dijo.
Quizá Morales Aguilar no sea tan conocida, aunque ha ocupado cargos decisivos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla y hoy se desempeña como titular del C5, el centro que opera la videovigilancia en el estado y la profusa red de telecomunicaciones de las dependencias de seguridad.
Si su nombre no suena, quizá sí el de aquel que la ha impuesto en esos cargos: Ardelio Vargas Fosado.
La carrera de Vargas Fosado creció bajo el amparo del PRI, pero hace varios años que su lealtad navega oscilante entre varios partidos y distintos personajes.
Uno de ellos, decisivo en toda su historia, es Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón que hoy se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
De acuerdo con Proceso, sus carreras estuvieron ligadas durante varios años en el Centro Investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); en la Policía Federal Preventiva (PFP) y en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En febrero de 2011, durante el arranque del sexenio de Rafael Moreno Valle, Vargas Fosado fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado, cargo en el que varias veces fue acusado por el papel represivo de los cuerpos policiacos.
Su estancia allí sólo duró dos años, pues en 2013, con el ascenso de Peña Nieto a la presidencia, fue nombrado titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Con ese trajín que suele impregnar la política, Vargas Fosado terminó sumándose a la campaña de Barbosa Huerta en febrero de 2019. Varios le atribuyen la efectiva operación política que permitió al hoy gobernador arrasar votos en la Sierra Norte del estado.
Quizá por eso, el gobernador terminó eligiéndolo para asesorarlo en temas de seguridad pública. Y él, a su vez, terminó pugnando por la designación de Morales Aguilar.
Barbosa y Rivera: diferencias añejas
Para los fotoperiodistas que cubrieron la campaña del proceso electoral de 2018, no fue difícil captar varias veces el gesto que Barbosa Huerta le dedicaba a Rivera Vivanco cada vez que compartían templete. Y ella a él.
Nunca fueron aliados. Ella formaba parte del grupo de fundadores de Morena en Puebla, en tanto que él arribó junto con la oleada de priistas, perredistas y panistas que, frente al éxodo de sus propios partidos, se abrieron paso en la llamada Cuarta Transformación.
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el triunfo a la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, la única alcaldesa electa de Morena que asistió a su toma de protesta fue Rivera Vivanco.
Tras la caída del helicóptero y las nuevas elecciones, en el círculo rojo se cruzaban apuestas para definir cuál sería el trato que Barbosa Huerta le daría a Rivera Vivanco.
No tuvieron que esperar demasiado: el 19 de octubre de 2019, durante el primer informe de labores de la presidenta municipal, el gobernador le reprochó la contratación de “tantos” priistas y panistas en el Ayuntamiento.
Luego, durante la accidentada sucesión de la dirigencia nacional de Morena, Rivera Vivanco respaldó a Bertha Luján Uranga, en tanto que Barbosa Huerta se sumó a Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Separados desde siempre, separados como ahora. Y detrás del fulgor de ese pleito, una pandemia.
Fotografía de portada: Ayuntamiento de Puebla
