ONU pide al Congreso de Puebla rechazar iniciativa contra difusión de “notifcias falsas”

alerta onu puebla

CARLOS GALEANA | @CarlosGaleanaB

La iniciativa que pretende castigar a quien difunda “noticias falsas” durante la contingencia sanitaria fue considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un retroceso para la protección de los derechos huamnos.

La ONU-DH manifiesta su preocupación por el contenido de dicha iniciativa, debido a que las propuestas para modificar ambos artículos resultarían en un retroceso para la protección de los derechos humanos en caso de ser aprobadas“, expresó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un documento.

Ante este panorama, la ONU pidió al Congreso de Puebla rechazar la iniciativa debido a que el aumento de penas no tienen sustento como medidas eficaces para prevenir la pandemia e implican un riesgo al aumentar la cantidad de personas que serían privadas de su libertad.

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La iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada Nora Merino Escamilla (PES) y Gabriel Biestro Medinilla (Morena).

La reforma modifica el artículo 165 del Código Penal para establecer que las personas que difundan información falsa en medio de la contingencia sanitaria sean sancionadas hasta con 12 años de prisión.

El mismo artículo ya establece sanciones de hasta 12 años de cárcel en contra de quien “difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

Por esta misma razón, la ONU no sólo pidió desechar la nueva iniciativa, sino derogar también el artículo 165 del Código Penal.

El organismo internacional recordó que las acciones que se tomen para prevenir contagios de COVID-19 deben garantizar la salud pública y cumplir con los principios de la legalidad por lo que ofreció una asesoría a los legisladores.

“La propuesta legislativa no sería proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo sanitario, toda vez que la criminalización y elevación de penas con respecto a estas conductas no serían aptas para reducir los contagios, sino al contrario, podrían exponer a las personas a un mayor riesgo de contagio por las condiciones de detención en prisiones”, señaló.

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