MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Las cárceles del estado de Puebla, donde se combina el hacinamiento y la sobrepoblación, no han salido libradas de la pandemia por el Covid-19.
Hasta el lunes 8 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado había detectado el contagio de 99 reclusos.
De éstos, 70 se encontraban recluidos en el penal de San Miguel, en la capital del estado; 15 en la cárcel de Huejotzingo, donde se detectó el primer caso de contagio; siete en el centro de reinserción social de Tehuacán y tres en la cárcel de Ciudad Serdán.
El gobierno local destinó el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), donde antes estaban recluidos 13 menores de edad, como centro temporal para albergar a todos los reos que hayan sido contagiados.
Adán Albarrán Velázquez, el primer interno contagiado que detectó el gobierno del estado, murió a las 9:45 de la noche del viernes 5 de junio a causa de una insuficiencia respiratoria.
En los últimos cuatro años y dos meses, Adán se encontraba en prisión preventiva, pero el juez que atendió su caso nunca resolvió su sentencia.
Adán fue trasladado a principios de mayo al Hospital General del Sur, en la ciudad de Puebla, por una atención urgente de insuficiencia hepática, pero luego fue enviado de vuelta a la prisión, sin que se le separara del resto de los cinco internos con los que compartía estancia.
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El 18 de mayo fue trasladado nuevamente al Hospital General del Sur por otra emergencia, y allí “presentó síntomas característicos de Covid-19”, por lo que fue enviado al hospital de Cholula, donde murió 17 días después.
Desde su contagio, su familia denunció negligencia por parte de la Secretaría de Salud y del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, que depende del gobierno del municipio, porque en uno de los traslados fue contagiado del Covid-19.
Por la mañana del martes 9 de junio, la Secretaría de Gobernación informó que hasta entonces habían muerto dos personas en situación carcelaria a causa de Covid-19.
Las cárceles, foco de contagio
Las prisiones en el estado son, a decir de distintos diagnósticos, uno de los lugares más críticos durante la propagación del virus.
Por varios años consecutivos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre el hacinamiento y la sobrepoblación en siete de las 19 prisiones del estado.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 verificó que en el penal de San Miguel, ubicado en la capital del estado, había 3 mil 751 reos a pesar de que las instalaciones sólo son capaces de albergar a 2 mil 39 personas, lo que representa una sobrepoblación del 84%.
En la cárcel de Tehuacán, por citar otro ejemplo, las instalaciones sólo son adecuadas para 465 reos, pero, hasta el año pasado, 526 personas purgaban una condena o aguardaban sentencia en aquel centro penitenciario.
A través de un decreto publicado el 23 de marzo pasado, el gobierno del estado reconoció que las cárceles podían ser focos de contagio del virus debido al hacinamiento, por lo que se evaluaba la liberación de algunos reos. Pero, hasta hoy, no se ha otorgado ninguna preliberación ni indulto.
Urgen medidas para evitar contagios
Ante la ola de contagios, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla pidió al gobierno del estado medidas urgentes para prevenir la propagación del virus en los centros penitenciarios.
“Las deficiencias en infraestructura de salud, la sobrepoblación y el hacinamiento, así como la sistemática violación de derechos humanos al interior de los Centros Penitenciarios en Puebla, evidenciados en los diagnósticos que anualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacen a las personas privadas de libertad especialmente vulnerables y más susceptibles al contagio y propagación del virus SARS-COV2”, alertó en un comunicado emitido el 2 de junio.
De acuerdo con las cifras recabadas por el instituto, a nivel estatal 1 de cada 2 mil personas se han contagiado y en el caso de las personas privadas de la libertad, al menos 18 de cada 2 mil están contagiadas.
Por esta razón, llamaron a implementar un programa de “despresurización penitenciaria” para aplicar indulto o amnistía a algunos presos, o incluso revalorar casos de prisión preventiva, y aplicar un programa estatal de salud que asegure el tratamiento médico de calidad para personas diagnosticadas por Covid-19.
