PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Durante los primeros 68 días de confinamiento en Puebla, las 10 operadoras que atienden el número de emergencias exclusivo para mujeres recibieron una llamada cada 15 minutos.
Las mujeres que marcaron aquel número recibieron tres tipos de atención: asesoría jurídica, apoyo psicológico y refugio.
Al menos 46 mujeres eligieron esta última opción entre el 23 de marzo y el 31 de mayo. La violencia familiar las desplazó a ellas y a sus hijos hasta el único refugio operado por el gobierno del estado.
En ese lapso, 26 mujeres y sus hijos comenzaron a tener síntomas de la enfermedad provocada por Covid-19, por lo que las autoridades habilitaron un área especial para ellas.
Las solicitudes de refugio son bajas si se considera que, entre abril y mayo, la Fiscalía local recibió mil 464 denuncias por el delito de violencia familiar.
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Pero desde el 18 de junio pasado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva del gobierno del estado no ha informado sobre su estado de salud.
Ese día, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, compareció ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso para prometer que se habilitarían dos albergues más —uno en Huauchinango y otro en Tehuacán, dos de los 50 municipios con más delitos contra mujeres— y una Casa de Mujeres en Cuetzalan.
Es decir, 85 días después del inicio del confinamiento, el gobierno anunció finalmente que habilitaría tres refugios más para atender a mujeres víctimas de violencia en medio de la pandemia.
¿Qué ha hecho el gobierno?
A lo largo de la pandemia, el gobierno del estado ha sido más bien omiso al informar sobre las las medidas adoptadas para contener la violencia familiar durante el confinamiento.
El primer informe de esta dependencia fue presentado el 9 de junio, en una conferencia ofrecida por la exsubsecretaria de Prevención de la Discriminación y la Violencia Catalina Aguilar Oropeza, quien fue removida del cargo cinco días después.
En ese informe, la exfuncionaria dijo que el teléfono de emergencias TELMUJER había recibido 10 mil 300 llamadas entre el 8 de enero y el día de la conferencia, y se había otorgado apoyo psicológico, jurídico y refugio a más de 900 mujeres.
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Pero las cifras no concordaban con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que registró, entre enero y mayo, 5 mil 426 llamadas de emergencia por incidentes de violencia, 3 mil 814 por violencia intrafamiliar, 771 por violencia en pareja, 25 por incidentes de abuso sexual, 81 por acoso y 25 por violación.
La violencia y el abuso sexual
El 15 de junio, el mismo día en que Aguilar Oropeza fue cesada, la Comisión de Igualdad de Género citó a comparecencia a la secretaria de Igualdad Sustantiva.
En la cita, que se realizó a través de Zoom, Díaz de Rivera reconoció que durante el confinamiento la demanda de atención a víctimas de violencia había aumentado, y que en algunos casos se trataba de abuso sexual a menores.
“Sabemos de los casos de extrema violencia de quien se atreve a denunciar, pero no sabemos los riesgos a los que se expusieron al encerrarse. Las familias mexicanas no somos todas nucleares, hay muchas familias extensas (…) sabemos que hay abuso sexual, se está empezando a hablar de abuso sexual a menores, violaciones al interior de las casas”, dijo.
Y, a pesar de que la presidenta de la Comisión de Igualdad, Rocío García Olmedo, preguntó cuántos casos de abuso sexual a menores, la secretaria no abundó más en el tema.
Durante la comparecencia, la secretaria también reconoció que no se ha concretado una cita para informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre el cumplimiento de las medidas por la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 50 municipios del estado.
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