MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
La sobrepoblación y la falta de protocolos sanitarios en las cárceles ha incidido en que Puebla sea el primer estado del país con más población penitenciaria contagiada de Covid-19.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 195 casos acumulados de internos contagiados por el virus, de los cuales al menos 24 han muerto.
Las cifras no coinciden con las que ha ofrecido el gobierno del estado. El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, afirmó el 1 de julio que se tenían registrados 173 contagios y 19 decesos.
Este incremento en casos activos está fundado, por una parte, en la ausencia de medidas de contención del virus.
En la cárcel de San Miguel, ubicada en la capital del estado, el personal no cuenta con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, de acuerdo con un informe especial sobre Covid-19 en centros penitenciarios realizado por la CNDH.
El organismo documentó que 19 internos que han sido contagiados no cuentan con equipos de protección, y se encuentran hacinados, “deambulando libremente” por el área de ingreso, que es donde se encuentran alojados temporalmente, pero aún mantienen contacto con otros reos no infectados.
Y es que en las cárceles no hay sana distancia posible. Adán Albarrán Velázquez, el primer reo fallecido por Covid-19, compartía una exigua estancia con cinco internos más en el penal de Huejotzingo, antes de que fuera traslado al hospital en el que perdió la vida.
Y así ocurre en el resto de las prisiones. La cárcel de San Miguel estaba sobrepoblada en un 84% hasta 2019, con 3 mil 751 reos en un espacio habilitado únicamente para 2 mil 39 personas.
El gobierno del estado habilitó temporalmente el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) como reclusorio exclusivo para población penitencia contagiada, para lo cual destinaron al menos 1 millón 611 mil 630.93 pesos para la asignación de equipo y mobiliario y la contratación de personal médico del CIEPA.
Pero, al hacerlo, las autoridades estatales violaron los derechos de los adolescentes que estaban recluidos allí, y que fueron enviados al anexo del penal de San Miguel en el que habitan los hijos menores de edad de las reclusas.
A decir de la asociación civil Documenta, los adolescentes no pueden estar recluidos en un espacio penitenciario para adultos, pues esto pone en peligro su salud y seguridad básica, y afecta su capacidad futura para mantenerse al margen de la delincuencia y reintegrarse.
A través de un comunicado, Documenta pidió al gobierno del estado que se garantice una separación absoluta entre los adolescentes y el resto de la población carcelaria de San Miguel, y que se les disponga, entre otras cosas, de personal administrativo especializado y de un área para tener derecho al juego, al descanso y al esparcimiento.
