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Seis años después del enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, el gobierno del estado plantea una nueva revisión al caso para sancionar al exprocurador de justicia Víctor Carrancá Bourget, así como al exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, por la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años.

La muerte del menor parecía haber sido archivada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en enero de 2017 dio por cumplidas todas las recomendaciones que dirigió al gobierno de Rafael Moreno Valle por el exceso de la fuerza en el que incurrieron los cuerpos policiacos.

Como se sabe, José Luis murió 10 días después del enfrentamiento ocurrido el 9 de julio de 2014, debido a una herida causada por un proyectil disparado por los cuerpos policiacos.

Sin embargo, la mañana de este jueves 9 de julio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se ha encontrado un posible mecanismo para fincar responsabilidades a Carrancá Bourget y a Rosas Rosas, encargados de la procuración de justicia y de la seguridad pública durante esos días.

“Hemos encontrado una vía para reabrir el caso y solicitarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la reapertura del Caso, están vigentes las sanciones y falta de los delitos o emitidos por entonces el procurador Carranza y por Facundo Rosas, espero que la señora Elia Tamayo acompañe al gobierno para reabrir el caso”, dijo.

Por la mañana de ese mismo día, Elia Tamayo, madre de José Luis, ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que a lo largo de estos años había solicitado reiteradamente la reapertura del caso para sancionar a los funcionarios públicos de primer nivel que dirigieron el operativo.

Lo hizo acompañada de Araceli Bautista, quien durante esos años fue portavoz del movimiento de víctimas del enfrentamiento, pero desde enero de 2020, con la administración de Barbosa Huerta, funge como titular de Recursos Humanos de la SEP en Puebla.

En días anteriores, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla se dijo impedida a solicitar a la CNDH una nueva revisión sobre el actuar de los funcionarios públicos estatales que coordinaron el operativo policiaco.

El enfrentamiento inició después de que la Policía Estatal reprimiera una protesta en la que cientos de pobladores de Chalchihuapan reclamaban por una reforma a la Ley Orgánica Municipal que retiraba el servicio de registro civil a las juntas auxiliares del estado.

El 19 de mayo de 2014, casi un mes antes del enfrentamiento, el Congreso de Puebla también aprobó una ley que regulaba el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, aunque la libertad que otorgaba a los cuerpos policiacos le valió el mote de “Ley Bala”.

Foto de portada: Marlene Martínez / Lado B