MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, presentó una reforma a la Ley Estatal de Salud para crear un protocolo de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La reforma señala que este procedimiento podrá efectuarse “en los supuestos permitidos en el Código Penal”, es decir, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando el producto posea alteraciones eugenésicas —es decir, malformaciones—, por embarazo imprudencial o culposo y por peligro de muerte.
Además, explica que los médicos o las enfermeras podrán excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo por poseer creencias religiosas o convicciones contrarias al procedimiento.
Sin embargo, la objeción de conciencia no podrá ejercerse cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o no haya personal disponible para practicar la interrupción de manera inmediata.
En octubre del año pasado, los congresistas se negaron a aprobar una reforma con la que García Olmedo propuso la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Los diputados locales sólo aprobaron una modificación al Código Penal que redujo las pena máxima por la interrupción del embarazo de cinco años de cárcel a uno solo.
Educación sexual para evitar abortos y embarazos adolescentes
Gran parte de la nueva reforma presentada por García Olmedo se aboca a la prestación de educación y salud sexual y reproductiva, puesto que, hasta hoy, la Ley Estatal de Salud sólo obliga a la prestación de servicios de planificación familiar.
“Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca el Estado tienen como propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares “, explica el proyecto.
Para García Olmedo, la ausencia de políticas públicas referentes a la salud y educación sexual y reproductiva se ha traducido en dos hechos: el aumento de embarazos adolescentes y el registro de abortos clandestinos.
El Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) señala que en 2015 hubo 24 mil 827 nacimientos de mujeres de 15 a 19 años en Puebla, mientras que en 2016 la cifra fue de 22 mil 976 nacimientos.
Según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entre enero de 2016 a abril de 2019 un total de 416 mujeres de 56 municipios de Puebla solicitaron el programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una de las clínicas de la capital del país.
Estos datos de la Secretaría de Salud de la capital del país revelan que el acceso al aborto gratuito, legal y seguro es una demanda en al menos una cuarta parte del estado.
